El PP pidió la comparecencia de la ministra para que explique cómo se van a financiar los 10.471 millones de euros del Plan de Seguridad y Defensa, que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en abril del año pasado.

El objetivo de la movilización de esos casi 10.500 millones de euros era llegar al 2% del PIB de gasto en Defensa en 2025 para cumplir con el compromiso adquirido con la OTAN.

El presidente prometió entonces que estos recursos adicionales no implicarían una subida de impuestos para los ciudadanos ni se incurriría en mayor déficit para el país. Además, el Gobierno ha defendido en todo este tiempo que el mayor gasto en Defensa y Seguridad no puede hacerse a costa de mermar el Estado del Bienestar.

El grueso de la financiación prevista para 2025 procedía de la de la reorientación de algunas partidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dotada con más de 1.300 millones de euros, de los ahorros generados por la política económica y del margen que proporcionaban ciertas partidas que se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 y que ya no necesitaban.

Con este Plan, el Gobierno buscaba reforzar la seguridad y la defensa, reindustrializar y dar un impulso tecnológico a la economía española, cumplir los compromisos de España con Europa y con la OTAN, y consolidar a España como actor central en la Unión Europea.

REGLA DE GASTO

Montero también comparecerá en la Comisión de Hacienda para informar sobre la posibilidad de flexibilizar la regla de gasto para las administraciones de aquellas comunidades autónomas con bajo nivel de endeudamiento y una situación financiera saneada.

La petición parte del senador de la Agrupación Socialista Gomera (Izquierda Confederal) Fabián Chinea, que aludió en el registro de la comparecencia a su propia comunidad, Canarias, como ejemplo de bajo endeudamiento y finanzas saneadas.

La regla de gasto sirve para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas e impide que la variación del gasto computable de la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española.

El Consejo de Ministros aprobó en noviembre del año pasado una regla de gasto en el 3,5% para 2026, del 3,4% en 2027 y del 3,2% para 2028.