Montero reconoció que “es lógico” que una agencia de calificación advierta de que “hay que vigilar” cuando se va a transferir de un nivel de administración a otra cerca de 21.000 millones de euros, como se contempla en la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, para que eso no sea “a costa de quebrar la curva de consolidación fiscal”.

La ministra aseguró que el Gobierno comparte esa visión con S&P y recordó que esos casi 21.000 millones de euros son una “renuncia” del Ejecutivo para que las comunidades autónomas puedan mejorar los servicios de sanidad, educación y dependencia, entre otros.

“Aparece una decisión política de un calado que nunca he visto esa generosidad en ningún nivel de administración. Entonces, esto me parece que es importante tenerlo en cuenta y tranquilizar”, apuntó la vicepresidenta primera.

S&P calificó el martes de positiva la propuesta de financiación autonómica, aunque apuntó que el impacto dependería de cómo se gasten los nuevos recursos, al tiempo que advirtió de que el Estado podría perder cierto “margen de actuación”.