Montero propuso un déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 2,1% en 2026, del 1,8% en 2027 y del 1,6% en 2028. Por su parte, la Administración Central deberá cumplir con un déficit del 1,8% para el próximo año, para bajar al 1,5% en 2027 y al 1,4% en 2028.

En lo que respecta a las comunidades autónomas, su objetivo de déficit será del 0,1% en cada uno de los años del periodo 2026-2028, en tanto que para las entidades locales se exigirá estabilidad presupuestaria. El objetivo de déficit para la Seguridad Social es del 0,2% en 2026 y la misma para 2027, y del 0,1% en 2028.

“Esto significa que, durante todo este periodo, las comunidades autónomas no van a tener que hacer ningún esfuerzo en la reducción del déficit. Lo que plantea el Gobierno de España con esta senda, que algunos grupos van a rechazar, no es ni más ni menos que sean las comunidades las que no hagan reducción del déficit”, detalló la ministra.

De esta forma, el ajuste recaerá en la Administración General del Estado y pondrá a disposición de las comunidades 5.485 millones de euros.

Montero también informó de que límite de gasto no financiero, también conocido como ‘techo de gasto’, será de 212.026 millones de euros, y de 216.177 millones de euros si se tienen en cuenta los fondos europeos, que será el último año que se puede contar con ellos. En cualquier caso, se trata de un incremento del 8,5% respecto al actual. Asimismo, se transferirán 22.881 millones de euros para la Seguridad Social, en línea con la recomendación del Pacto de Toledo.

“Es un límite de gasto realista, prudente, que nos va a permitir consolidar el crecimiento económico y seguir siendo referencia”, recalcó la vicepresidenta primera. El Gobierno solo informa al Congreso del techo de gasto, pero este no se somete a votación.

El Ejecutivo necesita aprobar la senda de estabilidad para poder presentar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, aunque ya la da por perdida, con el voto en contra del PP, Vox y Junts, y la abstención de Podemos.

Esto obligará a Hacienda a volver a presentar la senda en el Congreso en el plazo de un mes. No obstante, Montero mantiene la confianza y sostiene que sigue trabajando para presentar los PGE a lo largo del primer trimestre de 2026, con su aprobación estimada para abril o mayo.

Los tiempos que baraja la ministra de Hacienda implican que el próximo ejercicio se iniciará con los PGE de 2023, elaborados en 2022, los últimos que consiguió aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez.