Estas son dos de las medidas que recoge el programa electoral con el que concurre a las elecciones del domingo, que también incorpora medidas de eliminación de sujeciones o relativas al copago.

En cuanto a la centralización de competencias, si el PSOE recupera la Junta también creará una inspección única y especializada, además de establecer un sistema obligatorio de evaluación integral.

“Asimismo, reforzaremos los consejos de centro, ampliando la participación de familiares y los derechos de información y transparencia”, según el programa electoral de Montero.

A su vez, aboga por incrementar “de forma sostenida” el presupuesto destinado a la atención a la dependencia en Andalucía, garantizando el mantenimiento del esfuerzo financiero de la Junta “incluso cuando aumente la aportación del Estado hasta alcanzar el objetivo del 50% del gasto certificado”.

“Esta mejora presupuestaria se traducirá en más intensidad de cuidados, reducción efectiva de listas de espera, mejora de ratios profesionales y aumento de la calidad de vida de las personas atendidas”, reivindicó.

Asimismo, el PSOE acordará con el sector una financiación “justa y adecuada” a los costes reales de los servicios y durante el primer año de legislatura elaborará un informe “consensuado” para determinar el coste real de la plaza y establecerá mecanismos normativos de actualización que garanticen “la viabilidad de los centros, la calidad de la atención y unas condiciones laborales dignas”.

CONCIERTO SOCIAL

Junto a ello, impulsará una revisión del modelo de concierto social mediante la creación de una comisión con las entidades prestadoras, con el objetivo de avanzar hacia un sistema “más sostenible, transparente y orientado a resultados que garantice la estabilidad de la red de servicios y la mejora continua de la calidad asistencial”.

Entre otras propuestas, también quiere reducir el copago en los centros de día para personas mayores hasta “equipararlo” al existente en el ámbito de la discapacidad, aplicando el principio de equidad y “erradicar cualquier forma de copago encubierto, garantizando transparencia en los costes, precios justos y estándares homogéneos con independencia de la capacidad económica” y se compromete a “no incrementar, bajo ningún concepto, el copago de los usuarios”.

Junto a ello, pretende lanzar un Plan Espera Cero para la dependencia que permita reducir “de forma drástica” las listas de espera y evitar la generación de “nuevas demoras” en la asignación de prestaciones y recursos.

Asimismo, incorporará el “silencio administrativo positivo” en los procedimientos que superen los plazos legales y cubrirá “de manera inmediata” las plazas vacantes al tiempo que busca mejorar los sistemas de adjudicación de recursos para “optimizar la utilización de los servicios disponibles”.

180 DÍAS

En paralelo, planteará la Garantía 180, asegurando que, si en ese plazo no se ha resuelto el expediente o concedido una prestación efectiva, la persona solicitante “recibirá automáticamente una ayuda provisional”.

Esta ayuda se mantendrá hasta la resolución definitiva y tendrá carácter retroactivo en caso de reconocimiento posterior, “garantizando así que el derecho a la atención sea real”.

Además, el PSOE revisará y simplificará la normativa y los procedimientos de gestión, en consenso con profesionales y entidades del sector, para garantizar la resolución o revisión de expedientes en los plazos legales.

“Estableceremos mecanismos de tramitación preferente para personas mayores de 80 años, grandes dependientes, menores de 21 años y primera infancia. Reconoceremos automáticamente la situación de dependencia a las personas mayores de 85 años y aplicaremos de oficio las mejoras en la intensidad de las prestaciones recogidas en la normativa estatal”, según el programa electoral.

De otro lado, devolverá a los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos la competencia para registrar las solicitudes de dependencia, “agilizando” el inicio de los procedimientos.

Además, incorporará soluciones “innovadoras” para mejorar la gestión de la información, la planificación de recursos y la asignación ágil de prestaciones, “evitando la cronificación de las listas de espera”.

ENFERMEDAD DEL ELA

Por otra parte, adaptará “con carácter urgente” las instrucciones necesarias para el reconocimiento de la nueva prestación para dependientes de Grado III+ con enfermedades crónicas y ELA y su atención “inmediata”.

En la misma línea, Montero se compromete a la publicación “accesible, periódica y comprensible” de datos sobre listas de espera, cobertura, tiempos de tramitación, calidad de los servicios y resultados alcanzados y a implantar un sistema público y permanente de evaluación orientado a la mejora continua y basado en indicadores avanzados que permitan “medir no solo el grado de cobertura, sino su impacto real en la calidad de vida, la autonomía personal y el bienestar emocional, incluyendo la capacidad de reparación del sistema”.

A su vez, se “fortalecerá” la acción inspectora de la Junta de Andalucía, dotándola de más personal y orientando su labor hacia la mejora de la calidad de los cuidados y la detección temprana de situaciones de “mala praxis”.

Su programa también incluye un plan integral de dignificación del trabajo de cuidados y el incremento de plantillas para agilizar la tramitación de expedientes, reducir los tiempos de respuesta y garantizar una atención administrativa cercana y eficaz.

RESIDENCIAS NO SEGREGADORAS

Asimismo, contempla una Estrategia Andaluza de Desinstitucionalización, una red de viviendas públicas de convivencia con apoyos, la adaptación del sistema residencial público para hacerlo "más flexible y no segregador" y el desarrollo de un programa de transición y acompañamiento familiar.

Por último, se compromete a reforzar el Servicio de Ayuda a Domicilio, crear el Registro Andaluz de Entidades de Ayuda a Domicilio y auspiciar una Estrategia Andaluza de Teleasistencia Inteligente.

También propone el Plan Cinco por Cien de Extensión de Plazas Residenciales para alcanzar la ratio recomendada de cinco plazas por cada cien personas mayores y legislar la eliminación progresiva de las sujeciones físicas, mecánicas o farmacológicas.