En declaraciones a los periodistas desde Sevilla, Montero fue preguntada sobre las posibles sanciones que podría enfrentar Ferrovial por el cambio de sede social desde España a Países Bajos, que votarán mañana sus accionistas en Junta.

La ministra respondió que “hay que estudiar la ley” y que ésta dice que cuando no hay razones económicas, “hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa”. Matizó que “en el momento oportuno”, la Agencia Tributaria “verá si las razones que alega la empresa son o no las que corresponden con la legislación vigente”.

Explicó que este organismo, que depende del Ministerio que dirige, valorará, una vez que tenga la liquidación “real” del impuesto de Sociedades, si hay una razón económica detrás del cambio de sede social para facilitar la cotización en Estados Unidos, como defiende Ferrovial.

Por la parte del Ejecutivo, en palabras de Montero, “no existe en la legislación ningún impedimento para que esta empresa pueda cotizar en Estados Unidos” y eso es una “excusa” de Ferrovial.

Ferrovial, que celebra mañana su Junta, podrá llevar adelante la operación siempre que la cantidad que tenga que pagar a los accionistas que ejerzan el derecho de separación por mostrarse en contra de la operación no exceda los 500 millones de euros, lo que supone, que menos de un 2,64% del capital social debe ejercer este derecho para culminar la fusión.

Fuentes del Gobierno han asegurado que no han contactado con accionistas descontentos, en referencia a las informaciones que así lo apuntaban para tumbar la operación, y no creen que haya efecto llamada para otras compañías.