La asociación señala en su escrito que, tras más de seis meses desde su toma en consideración, “el proceso de reforma continúa abierto y requiere concreciones técnicas que aporten certidumbre a los profesionales afectados”.

En este sentido, expone que solo es necesario definir cómo pueden trasladarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) aquellos mutualistas que así lo deseen y cómo se protegen sus derechos económicos acumulados durante los años que han cotizado en el sistema alternativo.

Durante décadas, numerosos profesionales ejercieron legalmente la opción de cotizar a través de mutualidades profesionales en el marco normativo vigente, planificando su jubilación conforme a esa regulación.

Mutualistas por el Futuro subraya la importancia de que cualquier desarrollo normativo preserve la estabilidad del sistema, evitando interpretaciones que puedan afectar a las decisiones adoptadas bajo la normativa anterior.

“El debate no es ideológico, es técnico. Se trata de ofrecer una solución viable y justa a quienes tomaron decisiones amparadas por la ley”, señala la asociación en su carta a los grupos parlamentarios. Así, defienden que la futura norma permita una integración voluntaria al sistema público y preserve la alternatividad entre modelos, junto con una transición ordenada que respete íntegramente el ahorro acumulado y el esfuerzo contributivo realizado.

Asimismo, el colectivo solicita que la regulación concrete aspectos clave como el tratamiento fiscal de las prestaciones, el reconocimiento de los periodos efectivamente cotizados, el acceso a determinadas prestaciones del sistema público, la protección de los derechos ya consolidados por los mutualistas pasivos y la existencia de mecanismos técnicamente equilibrados de conversión entre ambos sistemas. Cabe destacar también la exigencia de que los mutualistas alternativos puedan solicitar el complemento a mínimos que está disponible para los trabajadores del RETA.

Por todo ello, Mutualistas por el Futuro solicita a los grupos parlamentarios que “separen el debate técnico del enfrentamiento político y alcancen un acuerdo amplio que permita aprobar la ley con seguridad jurídica y estabilidad”. “El objetivo es cerrar definitivamente una situación de incertidumbre que se arrastra desde hace años. Hay margen para el consenso si se prioriza una solución equilibrada”, concluye.