En concreto, numerosos colectivos profesionales reclamaban que se creara una pasarela para que mutualistas que en su día no cotizaron a la Seguridad Social, sino a este sistema alternativo, y que ahora tienen pensiones más bajas que las del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), pudieran traspasar lo cotizado a la Seguridad Social y acogerse a las ´pensiones públicas.

Tras largas negociaciones, el Ministerio de Seguridad Social accedió, a cambio de que desde 2017 fuera obligatoria la cotización al RETA por parte de estos profesionales. Pero organizaciones como Mutualistas por el Futuro denunciaron esta medida y PP, Junts y Vox la eliminaron del texto legal la pasada semana en la Comisión de Trabajo del Congreso.

La norma debe ser aprobada este jueves en Pleno, para su posterior remisión al Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Si en la Cámara Alta se le incorporan nuevas enmiendas, la norma deberá regresar al Congreso antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Este avance supone un paso relevante para preservar la libertad de elección de los mutualistas y aportar certidumbre a un colectivo que ha vivido años de incertidumbre en torno al futuro de su sistema de previsión”, señaló Mutualistas por el Futuro.

En este sentido, apeló a la responsabilidad del Pleno del Congreso para que la tramitación de la norma mantenga una “solución equilibrada, garantista y respetuosa con la diversidad de situaciones existentes dentro del colectivo”. La asociación subrayó que cualquier evolución del modelo debe abordarse con “claridad normativa, seguridad jurídica y garantías suficientes, evitando que una reforma necesaria genere nuevas incertidumbres”.

Mutualistas por el Futuro defendió que la pasarela al RETA debe construirse desde el equilibrio, la voluntariedad real y el rigor técnico. También considera “imprescindible” que quienes deseen integrarse en el sistema público puedan hacerlo mediante un procedimiento “ordenado, comprensible y con garantías”, pero también que se respete la decisión de quienes opten por continuar en el modelo de mutualidad alternativa, “evitando imposiciones directas o indirectas”.

La asociación señaló, además, que todavía existen aspectos del texto que pueden perfeccionarse durante la tramitación parlamentaria, especialmente en lo relativo a las garantías sobre el ahorro acumulado, la protección de quienes han construido durante años su previsión social en el sistema de mutualidad alternativa, la atención a los colectivos más vulnerables, la prevención de efectos fiscales no deseados y la precisión técnica de los criterios aplicables a la conversión de derechos.