Se definen como una plataforma de Personas Afectadas por la Ley de Abolición de la Prostitución, y el próximo lunes se concentrarán frente al Congreso de los Diputados a las 12.30 para exigir la retirada de la proposición de Ley 122/000224 de modificación del Código Penal, que busca perseguir a los clientes y las personas que se lucran con la explotación de espacios donde se ejerce la prostitución.

Impulsada por el PSOE y aprobada en el Congreso con los votos a favor del PP y de parte de Unidas-Podemos, la propuesta de ley modifica el artículo 187 del Código Penal para «castigar de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación». Esto significa que no se castigará solo a quien emplee la violencia y la intimidación contra las prostitutas, sino que se penalizará también al que destine de manera habitual y con ánimo de lucro un local para que se practique la prostitución. Las penas serán de entre dos y cuatro años de prisión. Además se castigará a los clientes o consumidores de sexo de pago, que serán multados de 12 a 24 meses, una pena que aumentará en caso de que la prostituta sea menor de edad.

La plataforma organizará también una jornada de puertas abiertas para que políticos, periodistas y público en general conozcan “nuestros locales de trabajo y sepan de nuestra realidad”.

RETROCESOS

En rueda de prensa, la presidenta de esta plataforma, Susana Pastor, explicó que esta norma “nos empujará a la clandestinidad y a ejercer en la calle o en pisos inseguros”, pues nadie “ofrecerá un local ni querrá alquilarnos un piso”. De la misma idea es Cristina, una mujer trans que lleva casi 40 años en el oficio (desde los 16). “Yo llevo muchos años en esto, y (esta norma) me recuerda a las leyes posfranquistas, cuando se nos echaba encima a la policía”.

A su juicio, la futura ley “bajará las tarifas y nos dejará con menos poder de negociación con los clientes”, que “al correr más riesgos, exigirán más”.

“Tendremos también que ir a sus viviendas en lugar de ejercer en habitaciones que nosotras mismas alquilamos”, y “la relación con las fuerzas de seguridad será mucho más difícil”. ¿Quién va a atreverse a denunciar?”, se preguntó.

En el acto participó también la bailarina Chiqui Martín, en representación de los artistas de entretenimiento que actúan en salas de alterne y similares. Según Martín, “150.000 empleos están en peligro”, pues “aquí hay también camareras, cocineras, limpiadoras, recepcionistas y muchas personas afectadas más”.

Desde la asociación sostienen que la proposición de ley “parte de dos premisas falsas”. “Para empezar, no es verdad que entre el 80 y el 90% de las mujeres en situación de prostitución sean víctimas de trata, ni mucho menos”, afirmó Pastor, y tampoco lo es que cualquier intercambio sexual de pago sea “trata o proxenetismo”.

En su opinión, la legislación actual ya permite perseguir ambos delitos, “y estamos totalmente de acuerdo con esto, porque el trabajo sexual ha de ejercerse de forma autónoma y sin coacción alguna”.

“El problema es que no se está haciendo bien, y en lugar de mejorar, “quieren destinar más recursos y policías a perseguir a prostitutas y clientes”, lamentó.

Por último, Pastor pidió al Gobierno que, “si de verdad tanto interés tiene, nos reciba y juntas creemos una comisión para “sacar adelante una ley de derechos”, a imagen de la regulación de Nueva Zelanda.