La querella se dirige contra la magistrada por entender que la instrucción que provocó la detención de Cano estaba basada en un atestado policial “plagado de irregularidades” y que desencadenó “todo tipo de actuaciones con el único fin de proceder” al arresto del artista.

La defensa del productor considera que la investigación se prolongó de manera injustificada, pese al informe de la Inspección de Trabajo que no apreciaba irregularidades y que debió desembocar en el archivo de la causa “desde el inicio”. Según la querella, la instructora “desoyó” las pruebas y “solicitó informes adicionales sin fundamento jurídico” manteniendo “vivas una diligencias que carecían de base legal”.