Según informaron a Servimedia fuentes de Anave, el objetivo de la patronal es mejorar las condiciones de competencia de las empresas que operan exclusivamente entre puertos españoles tras la aplicación del mercado único en 1992.

En su opinión, las empresas de cabotaje espñolas están situadas en unas malas condiciones de competencia respecto a sus directas competidoras de la CE, que en la mayoría de los casos disponen de segundos registros en los que los costes que soportan son muy inferiores.

Los representantes de Anave añadieron que el proyecto de ley para crear un segundo registro de Buques en Canarias propuesto hace unas semanas por el Gobierno a empresarios y sindicatos, no fija esta medida, aunque reconoce la posibilidad de que el Gobierno la autorice posteriormete.

La petición de los empresarios supondría, según señalaron a Servimedia fuentes sindicales, la posibilidad de que las empresas sustituyan todas las plantillas de nacionalidad española que tienen actualmente por personas de otra nacionalidad, "lo que facilitaría la contratación de mano de obra más barata sin ofrecer soluciones a los excedentes que se producirían en España".

PRIMERA HUELGA COMUNITARIA

Por esa razón, añadieron, los sindicatos de marina mercante del sur de Europa (España, Franci, Italia y Grecia) han convocado la primera huelga comunitaria, para protestar contra la conformidad de los doce ministros de Transportes para liberalizar el cabotaje de la CE, permitiendo la contratación de un 50 por cien de las plantillas con personal del Tercer Mundo.

En España, de las cerca de 14.000 marineros que comprende la plantilla del sector de marina mercante, unos 10.000 desempeñan su labor en líneas de cabotaje, por lo que más de 5.000 trabajadores correrían el riesgo de perder su empleo. Para los sindicatos, "la situación es aún mas grave si tenemos en cuenta la propuesta del Segundo Registro de Buques en Canarias realizada por el Gobierno, y que representará un serio riesgo para la estabilidad laboral en las líneas de transporte internacionales".

En este último subsector, trabajan actualmente unas 4.000 personas que, según las centrales, "pueden ver peligrar sus empleos si las empresas que se inscriban en la segunda bandera española aplican la ley hasta sus máximas consecuenciascon la sustitución de entre el 50 y el 100 por cien de sus actuales plantillas por otras de nacionalidad extracomunitaria".

Anave justifica la necesidad de estas medidas en que la diferencia de costes laborales que soportan las empresas españolas respecto a sus competidoras de la CE pueden oscilar entre el 59,1 por cien para un buque costero medio de 499 toneladas y un 12,9 por cien para un petrolero, los dos principales tipos de embarcaciones que aún operan bajo bandera española.

En términos reaes, agregaron las fuentes de la patronal, la diferencia de costes laborales puede estar entre 80 y 200 millones de pesetas al año por embarcación, "y esa es la razón principal de pérdida de competitividad y del empequeñecimiento de la flota nacional, al trasladarse los buques a otras banderas de conveniencia".