Este establecimiento, que abrió sus puerta por primera vez hace unos días, dispuso un guarda jurado que impidió la entrada a varias familias gitanas porque, según dijo, seguía órdenes del gerente, Iñaki Barrenechea, informa la denuncia que llegó hoy al juzgado de instrucción de Aranda de Duero.

Barrenechea, que no quiso entrevistarse con las familias gitanas que así se lo solicitaron, asegura ahora que fueron varios los grupos de personas que no pudieron acceder al supermercado el día de su inauguración, porque hubo muchas aglomeraciones en ls puertas.

Esta situación provocó que tuvieran que cerrar el supermercado y esperar a que algunos clientes lo desalojaran para que entraran otros.

El gerente informó también de que al día siguiente de la apertura, se recibió una llamada anónima en la que alguien advirtió de la colocación de una bomba, una alarma que finalmente resultó falsa.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Gitana manifestó que "a este paso no nos van a dejar subir a los autobuses y vamos a volver a situaciones socales como las del siglo pasado".

Lizarraga añadió que ha pedido que se haga justicia, porque no sirve para nada que exista una Constitución que en su artículo 14 defiende la "igualdad de todos los ciudadanos sin distinción de razas" y luego en la vida diaria no se cumple.