Nolasco ha denunciado que en la convocatoria del Ministerio remitida a las regiones “no existe ni una sola mención a los gravísimos hechos ocurridos en la ciudad autónoma de Ceuta: la infiltración masiva de decenas de miles de extranjeros que forzaron nuestra frontera, poniendo en serio riesgo la seguridad nacional, el orden público y la integridad de los españoles”. Una convocatoria que “tampoco explica la responsabilidad del Gobierno de España en asegurar la frontera”.

El Gobierno de Aragón ha exigido al Gobierno de España que se abstenga de preparar, acordar o ejecutar cualquier traslado de ‘menas’ procedentes de Ceuta mientras no hayan concluido los expedientes individualizados exigidos legalmente. También reclama que se remita el expediente completo y la certificación de la situación administrativa de cada menor cuyo traslado se pretenda efectuar. El Ejecutivo autonómico ha advertido de que impugnará judicialmente todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos.

Además, el Gobierno aragonés pide que se impulsen con la máxima diligencia los procedimientos de reunificación familiar y, cuando legalmente proceda, el retorno al país de origen mediante la entrega a las instituciones de protección competentes del Reino de Marruecos.

"EL ESTADO DEBE ACREDITAR LA EDAD DE LOS MENORES"

Al mismo tiempo, Nolasco ha reiterado a la ministra Rego que “el Estado debe acreditar la minoría de edad de los ‘menas’”, así como “tramitar el procedimiento del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con el fin de localizar a los progenitores o a la institución tutelar marroquí, emitir los informes preceptivos y dictar resolución motivada”.

El vicepresidente de Aragón ha subrayado que la oposición al traslado de ‘menas’ responde “al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional”. Ha apelado al interés superior del menor, que “se basa en la reunificación familiar y la devolución al país de origen", y exige "una valoración individualizada, excluyendo toda actuación automática o colectiva, como ya indicó el Tribunal Supremo”.

Nolasco ha agregado que “carece de fundamento trasladar a los menores a otra comunidad para que asuma las consecuencias de una competencia estatal no concluida”, puesto que “la competencia sobre Extranjería corresponde en exclusiva al Estado”.

Asimismo, el vicepresidente ha puntualizado que “es precisamente el reparto lo que dificulta la localización de progenitores, retrasa los expedientes de retorno y perjudica al propio menor”. “Marruecos ha sido calificado como país seguro por el Consejo y el Parlamento Europeo y ese mismo país ha manifestado la voluntad de recuperar a los menores de su país que se encuentren actualmente en suelo español”, ha concluido.