La medida se activará cuando el volumen de existencias iniciales más la producción alcance, al menos, el 120% de la media de las seis campañas anteriores, sin que pueda superarse el 20% de la producción estimada.

La normativa europea y nacional permiten estas medidas, pero la CNMC advierte que pueden ser perjudiciales para los consumidores (especialmente para los de rentas más bajas), y otros eslabones de operadores, como los distribuidores y exportadores, al encarecer los precios y reducir la variedad y calidad del producto.

Para prevenir estos posibles efectos negativos, Competencia pide reforzar la justificación de la norma, identificando los objetivos y los efectos esperados para los agricultores, operadores y consumidores.

También pide valorar alternativas (almacenamiento privado o los instrumentos de la normativa de la cadena alimentaria) antes de recurrir a la retirada obligatoria de producto, al tiempo que recuerda que “cualquier intervención pública debe ser proporcional, transparente y con el menor impacto posible sobre el funcionamiento competitivo del mercado”.

Otras demandas de la CNMC son mejorar la metodología de cálculo para determinar una situación de desequilibrio de mercado y el cálculo del porcentaje de retirada para cada almazara; concretar los sujetos obligados considerando el impacto económico de la obligación de almacenamiento durante la campaña, y reforzar los mecanismos de control y seguimiento de la medida, permitiendo su derogación anticipada si las condiciones de mercado cambiaran.