Según informaron ambas entidades conjuntamente, la jornada tuvo lugar en el Complejo Policial de Canillas (Madrid) y reunió a responsables de ambas organizaciones para analizar los mecanismos de colaboración que permiten prevenir, detectar e investigar delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la evasión fiscal, la corrupción y otras formas de criminalidad económica organizada.

En la inauguración participaron la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y decana del Colegio Notarial de Madrid, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el comisario general de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual Grasa.

Durante el encuentro se expusieron los principales desafíos a los que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación y lucha contra estos delitos y el papel preventivo que desempeñan los notarios en este ámbito y las herramientas que ponen a disposición de las autoridades.

La vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, Raquel Iglesias Pajares, y el director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, Pedro Galindo, explicaron por qué uno de los principales instrumentos de esta colaboración es ese órgano de prevención, creado en 2005 para canalizar y reforzar la cooperación de los notarios con las autoridades judiciales y policiales. Desde su constitución en 2005 y hasta finales de 2025, ha respondido a más de 415.000 requerimientos de información y ha atendido casi 200.000 solicitudes de documentación.

Responsables de ambas instituciones expusieron actuaciones en las que la información notarial y el trabajo conjunto resultaron determinantes para la detección de operaciones sospechosas, la identificación de entramados societarios complejos, la recuperación de activos y bienes y el avance de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras formas de delincuencia económica.

Los participantes coincidieron en señalar que la colaboración constituye una herramienta estratégica, así como para reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos.