Fue en 2005 cuando el Consejo General del Notariado creó el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios en esta materia, tanto con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) como con las autoridades policiales y judiciales. Nació ante la "complejidad" de las operaciones de blanqueo, las cuales "se trocean" y pueden "empezar en La Coruña y acabar en Cádiz", además de por las "incoherencias" y datos sospechosos que detectaban los notarios, señalan a Servimedia los responsables de este órgano, que desde 2006 ha recibido más de 414.000 solicitudes de información para investigaciones.

"Dejará ciegas" a la UCO y a la UDEF, alertan, pero también al Sepblac, los jueces o la Fiscalía. El motivo, como vienen denunciando desde hace meses, es que el proyecto de ley elimina la obligatoriedad de la escritura pública notarial para la transmisión de participaciones sociales en sociedades mercantiles y la sustituye por la posibilidad de formalizar estas operaciones mediante documentos privados electrónicos con firma digital cualificada e inscripción constitutiva en el Registro Mercantil a través de una "sección especial".

Esto supone que "desaparece el control notarial previo", pues estos profesionales, en cada uno de los actos de los que dan fe, trasladan toda la información a esa gran base de datos que es el Índice Único Informatizado, además de remitir al OCP cualquier sospecha de que se trata de una operación de riesgo. Algo que consideran será inviable para los alrededor de 150 registradores mercantiles que hay en España, dando pie a casos como el de Servinabar, en el que se descubrió, "guardado en un cajón", un documento privado entre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el empresario Antxon Alonso que fijaba que el primero poseía una parte de esa empresa, pero sobre el que no había ningún control.

Así, los notarios consideran que, de prosperar la ley y poder ir únicamente al Registro Mercantil, no se podrá saber si la información que se aporta es "fiable", si hay testaferros o si la firma electrónica es auténtica y no ha sido 'hackeada' o adquirida en el mercado negro, algo de lo que, apuntan, ya hay casos.

Pero, sobre todo, ponen el foco en esa gran base de datos (la segunda más grande de España) de la que beben quienes luchan contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, pues, al no ser obligatorio pasar por el notario, dejará de actualizarse y únicamente serviría para investigaciones antiguas, sin saber desde ese momento los movimientos de las empresas.

MILLONES DE DATOS

Se trata de una infraestructura que contiene más de 9 terabytes de información con, entre otros, datos de más de 47,4 millones de personas físicas, de 4,3 millones de jurídicas o de 33,8 millones de inmuebles para que jueces, policías o la Fiscalía "puedan conocer en muy poco tiempo quién está detrás de una sociedad, por compleja que sea su estructura", detallan. Además, incluye más de 173,6 millones de documentos, y 225,7 millones de operaciones. En apenas unos minutos desde que entra una solicitud en el sistema, se envía un completo informe que incluye quiénes son los accionistas, su participación en la empresa, las sociedades vinculadas y todos los movimientos que se hayan realizado, incluido un detallado mapa del accionariado a modo de resumen, como los que forman parte de los conocidos informes de la UCO o la UDEF, algo que ha podido comprobar Servimedia.

Junto a esto, también cuentan desde 2012 con una herramienta complementaria que refuerza aún más ese control, la Base de Datos de Titularidad Real, que permite conocer quiénes son las personas ocultas tras una sociedad, por mínima que sea su participación, incluso el encadenamiento de estructuras societarias complejas. Como ejemplo de su importancia, disponen del 100% del accionariado de cerca de 1,4 millones de sociedades mercantiles y casi completo de casi 656.000.

POLÍTICOS

Asimismo, el OCP también tiene controladas desde 2010 a las personas con responsabilidad pública, como pueden ser políticos o directivos de empresas públicas, además de sus allegados. Cuentan con información de más de 41.000 cargos desde entonces, de los que más de 27.000 corresponden a los activos en la actualidad. Junto a ellos, datos de más de 72.000 personas que se relacionan con ellos de alguna forma.

Unos datos estos que pueden solicitar tanto los investigadores como ponerlos en su conocimiento los propios notarios. Y las cifras dan muestra de su utilidad: desde 2006, el OCP ha recibido más de 388.000 solicitudes de información de órganos judiciales, policiales y Fiscalía, además de más de 25.600 del Sepblac. Asimismo, los notarios han enviado al organismo de control más de 43.000 expedientes por sospechas, de los que más de 11.200 han terminado en el Sepblac. De hecho, destacan que, de estos últimos, el 80% acaba judicializado.

ÓRGANOS CONSULTIVOS

Unos avisos estos a los que también han hecho referencia diferentes órganos consultivos, como la Comisión General de Codificación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Así, por ejemplo, el Consejo Fiscal señaló que "permitir que un documento privado tenga acceso al Registro Mercantil es una medida que podría tener consecuencias indeseadas", pues "únicamente reflejará lo que las partes quieran que refleje", considerando que debería "mantenerse la necesidad de escritura pública". El CGPJ, mientras, defiende que "la posibilidad de acceder a la información sobre las transmisiones de participaciones sociales a través del Índice Único constituye una medida relevante en la investigación judicial de delitos de carácter económico".

JUSTICIA DEFIENDE LA LEY

Al respecto, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes apuntaron a Servimedia que el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública "refuerza todo el ciclo de lucha contra la corrupción a través de la prevención, la investigación, la sanción y la restitución a la Hacienda Pública", incidiendo en que, entre otros objetivos, busca "dar publicidad a la transmisión de participaciones sociales, con el fin de que se pueda conocer quién es el titular último de una empresa en todo momento". Para ello, destaca que se establece "la obligación de inscribir dichas operaciones en el Registro Mercantil". "Esto no es obligatorio en este momento y, por tanto, cuando se produce una compraventa de participaciones, se pierde la trazabilidad pública de quién es el titular", subrayan.

Al mismo tiempo, inciden en que, "atendiendo a las aportaciones recibidas en el periodo de audiencia pública, el proyecto de ley incluye también que la compraventa se formalice mediante escritura pública o documento privado".

Y hacen hincapié en que la norma está en tramitación parlamentaria, "lo que permitirá incorporar las aportaciones de los distintos grupos". De hecho, pueden presentar sus enmiendas hasta el próximo miércoles.