Según informó el CGNo, el encuentro también sirvió para abordar la intención del notariado italiano de recuperar la transmisión en escritura pública de las participaciones societarias. Esta medida responde a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su informe de 2026 sobre el país transalpino en el que se instó a reforzar los mecanismos de supervisión y control en esta materia.

El sistema español de lucha contra el blanqueo de capitales se basa en el Órgano Centralizado de Prevención (OCP), creado en 2005 por el Ministerio de Economía. Este organismo tiene la misión de analizar y facilitar información a las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes, en el marco de la normativa de protección de datos.

Desde su creación, el OCP ha gestionado más de 415.000 requerimientos de información y cerca de 200.000 solicitudes de documentación hasta finales de 2025. Además, el 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas remitidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) han permitido descubrir actividades delictivas graves, consolidando al OCP como un pilar clave en la lucha contra la delincuencia financiera en España.

En 2012 se creó, a partir del Índice Único Informatizado Notarial, la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR). Esta herramienta permite identificar a los titulares reales de más de 3,3 millones de entidades jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, y constituye un recurso fundamental en la prevención de delitos como el blanqueo de capitales.

El Índice Único Informatizado Notarial, gestionado por el OCP, es la segunda mayor base de datos de España, solo superada por la de la Agencia Tributaria. Contiene información parametrizada de más de 45 millones de personas físicas y jurídicas, lo que la convierte en una herramienta esencial para el análisis de datos en investigaciones financieras.