“Vivimos tranquilamente pensando que estamos en Estados donde los derechos se garantizan, pero no se garantizan por igual para todas las personas”, dice la jurista, subrayando así la persistencia de desigualdades estructurales en su aplicación real.

Barranco Avilés alerta también de que parte del retroceso actual se produce cuando las políticas inclusivas comienzan a evaluarse exclusivamente desde parámetros económicos, lo que termina cuestionando derechos fundamentales. En este sentido, advierte de que “se rechazan demandas porque se consideran excesivamente costosas”, una dinámica que afecta especialmente a las personas con discapacidad y compromete la efectividad del principio de igualdad.

La catedrática insiste en que las normas jurídicas, por sí solas, no garantizan la igualdad si no van acompañadas de una cultura sólida de derechos. “Podemos tener muchas normas, pero sin una cultura robusta de derechos no se aplicarán desde un enfoque de derechos”, señala, destacando la necesidad de reforzar el compromiso institucional y social con su implementación efectiva.

La jurista sitúa además la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como uno de los principales hitos en la transformación contemporánea del sistema internacional de derechos humanos, al constituir un verdadero punto de inflexión en el reconocimiento jurídico de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos.

MODELO EXCLUYENTE

En su intervención, recuerda igualmente que durante siglos los derechos se construyeron sobre un modelo excluyente que dejó fuera a amplios sectores sociales. “Durante siglos los derechos se pensaban para el hombre blanco propietario sin discapacidad”, explica, subrayando el carácter histórico de las exclusiones que todavía hoy requieren corrección normativa y cultural.

Desde el enfoque social de la discapacidad, Barranco Avilés insiste en que esta no puede entenderse como una condición individual aislada, sino como el resultado de la interacción con barreras sociales, jurídicas y culturales que limitan la participación en igualdad de condiciones. En este contexto, reconoce el papel decisivo del movimiento social de la discapacidad en la ampliación del reconocimiento jurídico de derechos en las últimas décadas, señalando que “las reformas normativas se han logrado porque el movimiento de la discapacidad es activo y poderoso”.

Asimismo, advierte de que avances recientes como la reforma del artículo 49 de la Constitución española representan pasos relevantes en la consolidación del enfoque de derechos, aunque todavía insuficientes si no se incorporan garantías explícitas frente a la discriminación por razón de discapacidad.

Con esta nueva entrega, que coincide con el 3 de mayo, Día Nacional en España de la Convención de Discapacidad, la Fundación Derecho y Discapacidad continúa desarrollando la serie 'Razones de peso' concebida como un espacio de reflexión jurídica y social orientado a fortalecer los fundamentos del discurso inclusivo frente a corrientes que cuestionan la universalidad de los derechos humanos y el alcance de los estándares internacionales de protección.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la subvención del 0,7% “Por Solidaridad. Otros fines de interés social” del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que respalda iniciativas dirigidas a promover la igualdad, la inclusión y la garantía efectiva de derechos para las personas con discapacidad.