El principal objetivo de este plan, que cumple su tercera edición, es la adecuación del crecimiento económico con el bienestar social, en una perspectiva de equidad territorial, asegurando la reducción de las desigualdades y previniendo la aparición o el incremento de nuevas personas o grupos excluidos socialmente.

Este plan ha sido elaborado en el marco de la estrategia europea para la inclusión social y se ha estructurado en torno a los objetivos comunes previamente establecidos para los Estados miembros de la Unión Europea.

Entre esos objetivos figura el de fomentar el acceso al empleo y a todos los recursos, derechos, bienes y servicios a las personas en situación o riesgo de exclusión. DISCAPACIDAD GRAVE

Una de las líneas estratégicas es impulsar la atención a los dependientes, para facilitar el acceso a los servicios sociales a las personas que no pueden valerse por sí mismas (ancianos y discapacitados graves).

Dentro de las actuaciones más relevantes que engloba este plan en 2005 y que continuarán desarrollándose en 2006 son las siguientes figura el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y el de las pensiones más bajas.

También se incluyen la integración sociolaboral de los inmigrantes a través del desarrollo del Reglamento de la Ley de Extranjería y la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Están previstos, asimismo, planes piloto para la atención a personas dependientes con un fondo de 50 millones, que servirá para financiar 76 programas.

La creación de la Sociedad Pública de Alquiler, la subida en las cuantías de becas y la puesta en marcha de nuevas ayudas para la adquisición de libros y material didáctico son otras de las medidas previstas.

El esfuerzo presupuestario previsto por todas las administraciones para el desarrollo del Plan hasta finales de año es de 21.253.606.604 euros, lo que supone un incremento del 8,6% con respecto al año 2004.

En esta previsión están incluidas las estimaciones de gasto conocidas de todas las Administraciones Públicas, puesto que el plan supone un esfuerzo compartido y común, con la colaboración del los sectores sociales, y, muy especialmente, con las ONG de acción social, según explicó Trabajo.