Según la organización, en los cuatro años posteriores a la pandemia (2021 a 2025) se crearon en España 23.075 plazas residenciales. En concreto, a comienzos de 2025 había un total de 412.109 plazas para mayores, 17.044 más que el año anterior (+4,3%), sin embargo, la población mayor de 65 años aumentó en ese periodo en más de 800.000 personas.

Así, en la actualidad la ocupación total alcanza el 82,4% de las plazas (339.065 personas usuarias) lo que evidencia, en opinión de la Asociación, "que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país".

El incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración contrasta con el déficit de plazas residenciales ofertadas, que aunque sigue aumentando no cubre las necesidades de la sociedad, señalaron. "Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit casi se duplica, alcanzando las 96.916".

Desde la organización destacaron también que, según las últimas estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), hay en lista de espera de ser atendidas 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III, más 57.091 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados.

Con estos datos sobre la mesa, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales alertaron que España necesita más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas con dependencia severa y gran dependencia y otras casi 100.000 para alcanzar el ratio de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años.

En este sentido, desde la asociación afirmaron que han solicitado al Ministerio de Derechos Sociales y a las consejerías competentes de las

comunidades autónomas información de cuántas personas en situación de dependencia están a la espera de una plaza residencial o una prestación vinculada al servicio para una plaza residencial y cuál es el tiempo de espera, aunque hasta el momento no han recibido respuesta.

POR REGIONES

Según los datos oficiales, las regiones con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929 respectivamente, seguidas por Cataluña con un déficit de más de 15.700 plazas, Galicia (11.509) y Madrid (10.610). Entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%) total de plazas, mientras que en 7 regiones hay un exceso de oferta, destacando Castilla y León donde 16.712 plazas no están cubiertas, seguida de Castilla-La Mancha con un superávit de plazas de 7.740.

Aún así, estas cifras contrastan con otros datos recabados por la organización de directoras y gerentes de Servicios Sociales que indican que en Extremadura existe una ocupación del 100% de las plazas residenciales o que en Canarias, Baleares o Madrid el porcentaje de ocupación supera el 98%. Algo que en opinión de la Asociación "sugiere una inadecuada distribución de sus plazas residenciales o un elevado coste de las mismas que las hace inaccesibles para buena parte de quienes las necesitan, como Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana".

FINANCIACIÓN

Respecto a la financiación de las plazas, el 71,1% son públicas, un total de 292.986, frente a las 119.123 exclusivamente privadas. Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado desde 2015, hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha, señalaron.

Las regiones con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Mientras que las comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y Valencia.

En este sentido, la Asociación recordó que el Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023 con las comunidades una estrategia de

desinstitucionalización para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, lo que, de lograrse, reduciría la necesidad de plazas residenciales. Un objetivo que se complementaría con la "humanización de los centros con un nuevo

modelo residencial", en línea con la propuesta que planteó la organización. Sin embargo, advirtieron, ese propósito no se ha hecho realidad y el servicio de ayuda a domicilio sólo tenía en 2023 una cobertura cercana al 6%, poco más que antes de la pandemia.

Por otra parte, la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza 23,8 horas mensuales, ni siquiera tres horas más que en el año 2012. "Estos datos tan pobres y la escasa evolución que registran en los últimos años impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres", denunciaron.

Por otra parte, desde la Asociación reclamaron al Ministerio que dirige Pablo Bustinduy que se proponga un acuerdo para fijar una ratio adecuada a la sociedad actual que deje de tomar como referencia la población mayor de 65 años para calcular el índice de cobertura de las plazas residenciales ya que los datos confirman que el 75,5% de las personas que viven en residencias tienen más de 80 años-.