En un comunicado los obispos denunciaron que el pacto quiere "legitimar" prácticas como "permitir la detención de niños a partir de los 6 años, acelerar los procedimientos de asilo en detrimento del análisis profundo de cada solicitud, permitir una solidaridad a la carta entre países, reforzar los sistemas de identificación con datos biométricos, la confusión en el uso de conceptos jurídicos indeterminados como 'crisis' o 'instrumentalización' que pueden suponer una utilización interesada de los mismos, destinar dinero a gobiernos de terceros países sin garantías de que en ellos se respeten los derechos humanos".

"Creemos que no se han abordado con rigor a nivel de la UE las alternativas que, tanto la Iglesia como tantos otros actores sociales, vienen promoviendo y pueden resultar más eficaces que las prácticas vigentes: en lugar de excusarse en el 'efecto llamada', contribuir a evitar las guerras y hambrunas promoviendo el desarrollo de las poblaciones locales y así poner el foco sobre los 'efectos salida'", argumentó la CEE.

"En lugar de agitar el miedo al migrante con fines electoralistas, desmontarlo con la verdad y apelando a valores humanos o religiosos. En lugar de justificarse en la lucha contra las mafias, invertir en lo que más puede restarles poder, el establecimiento de vías legales y seguras para una migración ordenada, habilitando corredores humanitarios cuando sea necesario y coordinando políticas entre las diferentes administraciones y países", propusieron los obispos de la subcomisión.