En su informe de septiembre, el organismo dio por hecho que los gobiernos necesitarán mantener o, incluso, reintroducir medidas de apoyo y de emergencia para mitigar el impacto del repunte de los precios de la energía en la vida de los hogares y de las empresas.

Además de estar específicamente enfocadas a grupos concretos, la OCDE recomendó que se mantengan los incentivos para reducir el consumo de energía y diversificar las fuentes energéticas.

Asimismo, subrayó la importancia de que las medidas de apoyo a hogares y empresas cuenten con “mecanismos claros de expiración” para garantizar que se eliminan de forma progresiva a medida que van bajando los precios de la energía.

La OCDE precisó en su informe que solo la mitad de las medidas en vigor aplicadas por los distintos gobiernos para contener el impacto de la crisis “son específicas”. Por el contrario, las más habituales apuntan en la dirección contraria, como la reducción de los impuestos sobre la energía y los precios regulados o con topes, siguen siendo la intervención más habitual.

También citó otros ejemplos, como las medidas reguladoras y ayudas a los ingresos mediante subsidios vinculados directamente a las facturas de energía o transferencias fiscales más amplias, aunque en menor medida. La OCDE aseguró que los costes fiscales de estas medidas son, en general, “bastante modestos”, según los datos de los países que disponen de estimaciones.

Del total de medidas analizadas que se han introducido desde el inicio del conflicto, alrededor del 27% ya ha expirado y el 17% se ha prorrogado más allá de su fecha de vencimiento inicial, según la OCDE.

REFORMAS ESTRUCTURALES

Por otro lado, la OCDE insistió en que las reformas que ayudan a los países a reducir su vulnerabilidad ante las crisis energéticas “son una prioridad a corto plazo”, sobre todo teniendo en cuenta la incertidumbre en torno a la evolución del conflicto en Oriente Medio.

Entre esas reformas, el organismo aludió a la diversificación del suministro energético y la mejora de la eficiencia energética en la economía nacional “mediante normas reguladoras de eficiencia bien diseñadas, campañas de información e incentivos financieros cuando sea necesario”.

Por otro lado, la OCDE recalcó que los sistemas de asistencia social tienen que enfocarse “de manera eficaz” en los grupos más vulnerables. Asimismo, apostó por reformas que “alivien las restricciones excesivas” para empresas y trabajadores, como la reducción de las cargas normativas “innecesarias” que dificultan la entrada de nuevas empresas, procedimientos de insolvencia que no resulten excesivamente onerosos y la eliminación de “restricciones excesivas en el mercado laboral”.

La OCDE también puso el foco en la necesidad de que los trabajadores cuenten con competencias adecuadas para afrontar nuevas crisis y que sean capaces de responder a retos estructurales como el envejecimiento de la población o la transición verde y digital.

ESTRATEGIAS PLURIANUALES PARA REDUCIR LA DEUDA

El informe de septiembre de la OCDE también atendió a los desafíos de presión fiscal a los que se enfrentan muchos países, por los gastos destinados a una población envejecida, el aumento de la inversión en defensa y las partidas para responder a los acontecimientos climatológicos extremos.

Ante un contexto de deudas públicas en aumento, la OCDE subrayó que se necesitan esfuerzos más contundentes para contener y recolocar el gasto, al tiempo que se mejora la eficiencia del sector público y se mantiene la capacidad de los gobiernos para reaccionar ante perturbaciones externas.

El organismo se abstuvo de dar recomendaciones concretas sobre el control de la deuda, y señaló que las medidas dependerán de las circunstancias específicas de cada país y los desafíos que tengan por delante. No obstante, la OCDE apostó por las “estrategias plurianuales claras y creíbles” que conduzcan a una consolidación de la reducción de la deuda a largo plazo.