Así lo recoge el informe ‘Asuntos Públicos y Lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, elaborado por el Observatorio de Asuntos Públicos de la Universidad de Navarra y la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI).

El informe se presentó en un acto en la sede de la ONCE en Madrid, al que acudió el ministro de la Función Pública, Óscar López, quien elogió el “rol tan necesario” del sector en la elaboración de leyes y destacó la importancia de la transparencia, por lo que exigió a los partidos que permitan la aprobación en el Congreso de la ‘ley de lobbys’.

El estudio, basado en una encuesta realizada a 331 profesionales entre septiembre y octubre de 2025, señala que el sector ha experimentado una clara profesionalización en los últimos años, pero la ausencia de una regulación estatal contribuye a mantener una percepción pública ambivalente sobre la actividad, según el profesor de la Universidad de Navarra y coautor del estudio, Ángel Arrese.

Por su parte, la vicepresidenta de APRI, Irene Matías, subrayó que “el “enorme crecimiento del sector en España no ha estado acompañado de la necesaria regulación”. A su juicio, sin un marco normativo que incluya un registro de transparencia, como el existente en las instituciones europeas, y una agenda pública que permita conocer las interacciones entre representantes públicos y grupos de interés, “resulta difícil dimensionar cuántos profesionales nos dedicamos al lobby en España”.

ELEVADA FORMACIÓN

Precisamente, los datos reflejan un elevado nivel de formación: el 99% de los profesionales cuenta con estudios universitarios y el 90% ha cursado algún posgrado. Las titulaciones más frecuentes son Ciencias Políticas (27%) y Derecho (26%), aunque el sector presenta una notable diversidad formativa.

El modelo organizativo predominante es el de equipos internos: el 64% trabaja en departamentos de asuntos públicos dentro de empresas o asociaciones, mientras que el 36% lo hace en consultoras o como profesionales independientes. La actividad se concentra especialmente en sectores altamente regulados como salud (22%), energía (15%), finanzas (8%) y alimentación (8%).

Aunque el 94% de los encuestados considera que los asuntos públicos contribuyen a mejorar la calidad de las políticas públicas y el 96% prevé que su relevancia aumentará o se mantendrá en los próximos años, el principal reto identificado es la mejora de la percepción pública de la profesión.

La imagen externa del lobby aparece como el desafío más señalado (24%), seguido de la necesidad de mayor transparencia (16%) y de una regulación consensuada (13%). En conjunto, más de la mitad de las menciones se concentran en estos tres ámbitos.

Según el estudio, España presenta una situación singular en el contexto europeo, ya que es uno de los países con mayor número de organizaciones inscritas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, pero carece todavía de una regulación estatal específica de la actividad. Los profesionales encuestados valoran el estado del lobby en España con una puntuación media de 4,4 sobre 10 en comparación con otros países de la Unión Europea.

“NO ES UNA MODA”

Tras la presentación del estudio, se celebró una mesa de expertos en la que el director de RSC y Relaciones Institucionales de la ONCE, Fernando Riaño, resaltó que esta profesión “vino para quedarse” y “no es una moda”. Con todo, explicó que “han cambiado muchas cosas” y una de ellas es que “una parte de la profesión ha dejado de ser periférica y ha pasado a ser esencial dentro de las organizaciones”, porque refuerza la estrategia y el impacto.

También remarcó que “lo social es la parte menos desarrollada” en muchos casos y argumentó que “hacer lobby” no es algo negativo que se deba hacer “a puerta cerrada”. “Esto nos legitima. Va de hacerlo bien como organizaciones allá donde estemos”, agregó Riaño, quien proclamó que “la incidencia política ha venido para quedarse”.

La directora de la Fundación Unoentrecienmil, Elena Huarte-Mendicoa, defendió que “debemos ganar legitimidad” ante las administraciones públicas, para lo que deben ver que no solo son “reivindicativos”, sino también “propositivos”. No obstante, comentó que también deben ganar legitimidad ante el conjunto de la sociedad, incluido el momento en el que el tercer sector tiene que pedir recursos para poder desarrollar su labor.

Entre otros especialistas, intervino también el responsable de Políticas Públicas de Moeve, Miguel Carpintero, quien manifestó que es “injusto” que se denoste muchas veces a lo público y a la labor de los grupos de interés y mostró su confianza en que, cada vez más, que una empresa defienda sus intereses no “levante las cejas” de nadie.