Así lo precisó en un comunicado en el que subrayó que el principio de “quien contamina paga” debía convertirse en el “eje” de las nuevas tasas municipales, incentivando la reducción de residuos y una correcta separación para el reciclaje, pero, a su juicio, “lamentablemente, sigue sin ser el caso de la tasa de Madrid, aun habiendo sido reformulada después de varios reveses judiciales”.

Tras recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la ordenanza de 2025 por la forma en que el Ayuntamiento justificó económicamente su cálculo y la falta de transparencia sobre la documentación técnica, puntualizó que la sentencia no es aún firme al haberse admitido a trámite los recursos de casación del consistorio para “aclarar qué documentación debe ofrecerse a los usuarios”.

La tasa que se cobrará en 2026 se basa en una nueva ordenanza, distinta de la anterior, si bien, para OCU, “mantiene el esquema anterior”, esto es, una tarifa básica y otra relacionada con la generación de residuos, incorporando el número de residentes entre los elementos utilizados para calcular la cuota.

“Pero también siguen teniendo demasiado peso criterios generales, no individualizados, como el valor catastral y los datos de generación y separación de residuos por barrios”, abundó, al tiempo que estimó que “precisamente ahí se encuentra una de las principales objeciones” de la asociación.

QUIEN CONTAMINA, PAGA

En este sentido, indicó que el principio de “quien contamina, paga” persigue que el coste soportado por cada contribuyente “guarde relación con la cantidad de residuos que realmente genera y con su comportamiento en materia de reciclaje”. “Por ejemplo, a través de la valoración del uso de los puntos limpios o la participación en programas de compostaje”, abundó.

En este contexto, aconsejó recurrir el recibo por las “dudas” que plantea la justificación de los costes repercutidos y la “correcta” consideración de los ingresos derivados de la responsabilidad ampliada del productor, si bien advirtió de que la tasa está vigente y debe abonarse dentro del periodo voluntario de pago, del 1 de octubre al 30 de noviembre, para evitar recargos.

“De hecho, el plazo para recurrir no empieza hasta el 1 de diciembre y termina el 30 del mismo mes”, destacó, al tiempo que hizo hincapié en que el recurso “no garantiza una devolución, pero permite mantener abierta esa posibilidad si finalmente los tribunales anulan la ordenanza, siempre que el acto no llegue a adquirir firmeza”.