Así lo precisó OCU en un comunicado en el que explicó que, desde mayo de 2023, los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato son a cargo del arrendador, según la modificación introducida en la Ley de Arrendamientos Urbanos por la Ley por el derecho a la vivienda y subrayó que, hasta entonces, era “común” que esos gastos, es decir, la comisión que se pagaba a la agencia, “fueran asumidos por el arrendatario o por ambos”.

Tras puntualizar que, en el comunicado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 “se citan, en concreto, tres cobros irregulares al arrendatario”, como son “la gestión del arrendamiento, la imposición de un seguro y la contratación de servicios no solicitados”, la organización puntualizó que se trata de “irregularidades advertidas” por ella hace ya un año en su denuncia contra esta agencia inmobiliaria.

De hecho, en una consulta previa de OCU al Ministerio de Consumo, la administración “confirmaba” que las agencias “no pueden exigir o imponer” a los arrendatarios una comisión o gasto por la intermediación realizada por ellas en los servicios prestados para suscribir el contrato de arrendamiento.

Asimismo, explicó que estos servicios deben ser solicitados y/o aceptados “voluntariamente” por el arrendatario en un contrato “independiente” del contrato de arrendamiento propiamente dicho, debiendo estar “especificados con claridad y transparencia”, tanto los servicios contratados a prestar por la agencia de intermediación como la comisión o gasto que cobra la agencia por ellos.

Por último, OCU solicita al gabinete de Pablo Bustinduy que se sancione “con celeridad y de forma ejemplar” a la agencia investigada, “acorde con los beneficios ilícitos obtenidos”.

“Si las irregularidades fueran consideradas muy graves, la normativa contempla que el importe de la sanción pueda alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. Y es que este tipo de prácticas abusivas contribuyen a aumentar las actuales dificultades de acceso a la vivienda en alquiler”, resolvió.

FACUA

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción recordó que ya denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 por “obligar” a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que, según la asociación, “justificaban en la prestación de un servicio de atención al arrendatario”.

La empresa ha contactado con la asociación para “asegurar” que, tras su denuncia, “ha dejado de imponer la contratación del servicio” y que, una vez visitado el inmueble, “facilita a los usuarios que no quieren contratarlo los datos de contacto del propietario de la vivienda”.

“Sin embargo, la Dirección General de Consumo habría constatado en los últimos meses una serie de irregularidades que la han llevado a incoar el expediente sancionador a la empresa”, abundó Facua, que también denunció los hechos ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por estar allí la sede central de la empresa, pero la administración autonómica “no ha aclarado si llevó a cabo actuaciones al respecto”.

Tras indicar que, según la Dirección General de Consumo del Ministerio de Pablo Bustinduy, la iniciación del expediente sancionador “no prejuzga el resultado final de la investigación”, la asociación explicó que ha tenido conocimiento “por fuentes ajenas al ministerio” de que Alquiler Seguro “ha sido emplazada para presentar sus alegaciones a la propuesta de sanción”:

“La empresa también tiene la opción de reconocer la comisión de una parte o la totalidad de las infracciones por las que ha sido expedientada, comprometerse a subsanarlas y abonar la multa con una significativa reducción de su importe”, prosiguió.

Desde la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en mayo de 2023 para prohibir el cobro de honorarios a los inquilinos, Facua ha denunciado a varias decenas de inmobiliarias ante distintas administraciones de consumo, pero, lamentó, “casi todos los casos siguen a la espera de respuesta”.