Así lo advirtió en un comunicado en el que señaló que, a pesar de mantenerse en el mercado como “camperos” o “ecológicos”, los huevos que se anuncian de gallinas criadas al aire libre “no cumplen estas condiciones” desde que el Ministerio de Agricultura decretó en noviembre el confinamiento obligatorio de todas las aves de corral criadas al aire libre para prevenir el contagio de la gripe aviar.

“Una circunstancia de la que depende su denominación pero de la que no se advierte en el etiquetado, tal y como ha comprobado OCU en ocho marcas a la venta en supermercados”, aseveró la organización.

Así, según sus cálculos, mientras una docena de huevos M de suelo cuesta ahora 3,03 euros, los camperos se pagan a 3,77 euros de media, precios que se mantienen “cerca de los máximos históricos” desde las primeras noticias de la crisis aviar en EEUU, “acumulando desde entonces una subida de 1 euro la docena”, según la organización.

En este contexto, si bien admitió que la normativa europea —Reglamento Delegado (UE) 2023/2465 y Reglamento (UE) 2018/848— permite mantener el etiquetado sin modificar los envases ni informar al consumidor, incluso cuando las condiciones de cría “han cambiado radicalmente por motivos sanitarios”, estimó que “va en contra del derecho a una información veraz, pilar esencial de la seguridad alimentaria y la transparencia del mercado”.

ETIQUETADO

“Además, el argumento del sobrecoste de modificar el etiquetado es relativo, al menos en lo que se refiere al huevo: el código impreso sobre el huevo es un marcado automático que se actualiza fácilmente”, abundó la asociación, convencida de que esta situación “plantea un serio interrogante” sobre la “equidad” en la fijación de precios y “refuerza la idea de que el consumidor está pagando por una característica que ha dejado de existir”.

A este respecto, juzgó “imprescindible” que las autoridades competentes actúen “con urgencia” para, en primer lugar, revisar y modificar la normativa, “garantizando que incluso en situaciones excepcionales se informe claramente al consumidor”; establecer mecanismos obligatorios de comunicación en los envases y en los puntos de venta y “asegurar el derecho a una información veraz, pilar esencial de la seguridad alimentaria y la transparencia del mercado”.

Además, OCU recordó al Gobierno la “necesidad” de reducir el IVA en los alimentos básicos del 4% al 0%, en la misma línea de la recién aprobada reducción del IVA del 21% al 10% en carburantes y energía, teniendo en cuenta que los alimentos “arrastran ya una subida acumulada de precios del 35,5% en poco más de tres años”.