Así lo denunció durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado para exponer la valoración de la entidad sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025.

En el transcurso de su intervención, Izverniceanu subrayó que el suceso supuso “un incumplimiento directo” del derecho a la garantía del suministro eléctrico, recogido en el artículo 7 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

OCU ha denunciado que casi un año después, “ni la CNMC ni el Gobierno han determinado quiénes fueron los responsables del apagón”, algo que considera “imprescindible para que los consumidores puedan ser adecuadamente indemnizados”.

“Mientras tanto, todos los actores del sector han evitado asumir responsabilidades, haciendo creer a la ciudadanía que el apagón no fue culpa de nadie”, criticó, convencida de que esta “ausencia de claridad” ha “facilitado” que las compañías distribuidoras “rechacen la mayoría de las reclamaciones, alegando que no son responsables del incidente”.

INDEMNIZACIONES

Según la OCU, como consecuencia, la “gran mayoría” de los afectados sigue sin recibir indemnización por daños materiales, pérdida de bienes, interrupción de servicios contratados o perjuicios derivados, “pese a la magnitud del suceso”.

La responsable de la OCU recordó ante los senadores que el RD 1955/2000 obliga a compensar automáticamente a los consumidores por interrupciones de suministro que superen los límites de calidad.

Estas cantidades deben abonarse antes del 31 de marzo de 2026, pero, según la OCU, “millones de hogares aún no han recibido ninguna compensación, ni información clara en la factura sobre su aplicación”.

La organización insistió en que estas compensaciones no sustituyen otros derechos y que los consumidores “pueden y deben reclamar por daños adicionales”.

En paralelo, explicó que, desde el apagón, Red Eléctrica mantiene reforzados los servicios de ajuste por restricciones técnicas, lo que ha incrementado el coste de la factura eléctrica.

En su intervención, OCU destacó que la actuación del sector eléctrico ha sido “extraordinariamente negativa”. “Las empresas no han sido transparentes ni han asumido responsabilidades, la CNMC no ha emitido aún un informe determinante y su actuación ha sido demasiado técnica y poco visible para el consumidor y el Gobierno no ha impuesto sanciones, a pesar de la gravedad del suceso”, abundó.

En este contexto, OCU ha reiterado la necesidad de reformar el marco normativo para actualizar el sistema de compensaciones, crear mecanismos eficaces de resarcimiento, habilitar vías ágiles de resolución de conflictos y aprobar de forma urgente una Ley de Acciones Colectivas que permita a los afectados reclamar con garantías.

Por último, volvió a exigir “determinación urgente” de los responsables del apagón, sanciones “proporcionales a la gravedad del incidente”, pago “inmediato” de las compensaciones automáticas pendientes y “transparencia total” en los procesos de supervisión y en el tratamiento de las reclamaciones.