Así lo reivindicó en un comunicado en el que celebró la imposición de medidas contra Factor Energía por parte del regulador para evitar que sus usuarios se vean afectados por prácticas comerciales “engañosas” en el mercado eléctrico y del gas, si bien dijo “echar en falta” sanciones “contundentes” contra las “irregularidades detectadas”, ya denunciadas por la organización “desde 2024”.

En julio de ese año, OCU presentó una primera denuncia ante la CNMC tras detectar un “notable incremento” de llamadas comerciales “irregulares” relacionadas con Factor Energía.

“Entre los casos más graves figuraba la actividad de consultoras contratadas por esta empresa que utilizaban datos personales de numerosos usuarios —incluyendo, en ocasiones, cuentas bancarias o números CUPS— para gestionar cambios de tarifa o incluso cambios de compañía sin la adecuada información ni consentimiento”, alertó.

En este contexto, puntualizó que, “solo en un mes”, la asociación recibió 122 denuncias contra esta consultora a través de su plataforma Reclamar, donde los afectados “detallaban cómo los agentes se hacían pasar por personal de la comercializadora habitual del consumidor”.

TRAMPA

“La trampa se descubría al final del proceso, cuando el usuario recibía un SMS con un enlace a una web cambiante que formalizaba un contrato no solicitado. La falta de transparencia, la ausencia de documentos contractuales y el uso de argumentos falsos, como supuestos descuentos o actualizaciones obligatorias de datos, formaban parte del patrón detectado”, criticó.

A este respecto, aseveró que la reciente decisión jurídicamente vinculante de la CNMC “refuerza estas sospechas” y explicó que, según la autoridad reguladora, Factor Energía, “con apenas un 1% de cuota de mercado, concentró el 61 % de las denuncias por prácticas comerciales engañosas entre enero de 2023 y agosto de 2025”.

“Además, la tasa de rescisión anticipada de sus contratos supera ampliamente la media del sector, un indicador claro de descontento y de captación poco transparente”, abundó.

CORREGIR Y PROTEGER

En este punto, confirmó que las medidas impuestas buscan “corregir estas prácticas y proteger a los consumidores” y entre ellas destacó la obligación de “reforzar” la identificación “clara” de quien realiza la llamada y de la empresa en nombre de la que actúa y que la llamada de teléfono deberá incluir una pregunta al consumidor para que describa cómo ha dado el consentimiento para hacer esa llamada.

También mencionó la obligación de ofrecer información “suficiente y comprensible” antes de formalizar cualquier contratación y que se establece un sistema de supervisión continua de la actividad comercial de los agentes de venta, mediante indicadores periódicos que la empresa deberá remitir a la CNMC.

“Aunque estas medidas no introducen nuevas obligaciones legales, sí refuerzan las ya existentes ante la persistencia de irregularidades perjudiciales para miles de usuarios”, resaltó la organización de consumidores.

Por todo ello, OCU valoró “positivamente” la decisión de la CNMC, pero juzgó que, “dado el volumen de denuncias, la reiteración de conductas y el elevado impacto en personas vulnerables o mal informadas”, resulta “imprescindible” que el expediente ya abierto en 2024 concluya con “sanciones ejemplares”.