Así lo reivindicó en un comunicado emitido tras la clausura de los centros de estética Bedda, compañía que gestionaba hasta 25 establecimientos en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y País Vasco, razón por la cual reclamó la adopción de medidas para “evitar” que los usuarios queden “desprotegidos” ante casos como estos.

Entre ellas, también solicitó la realización de campañas de inspección y “mayores controles” para garantizar que, cuando un usuario acude a una clínica, “reciba un trato adecuado y profesional”.

Además, ve “necesaria y urgente” una modificación de los procedimientos concursales para que los créditos a los consumidores “gocen de privilegio frente al resto de acreedores”.

En este contexto, advirtió de que es “difícil” que los afectados puedan recuperar las cantidades reclamadas, ya que, a su juicio, “lamentablemente, la ley sitúa a los consumidores como los últimos en la lista de acreedores”.

DE UN DÍA PARA OTRO

Tras denunciar que estas clínicas han cerrado “de un día para otro sin aviso, dejando los tratamientos a medias” y que dicho cierre “viene a sumarse a las desapariciones repentinas de otras clínicas o centros de estética”, lamentó que, “de la noche a la mañana”, los usuarios se encuentran “con las puertas cerradas y los tratamientos, en algunos casos ya comenzados y pagados, a medias”.

En este punto, recordó a todos los afectados la importancia de recopilar y guardar toda la documentación de la que dispongan que “demuestre la vinculación con la clínica o el prestador de servicio”, incluyendo publicidad y folletos a contratos, facturas o presupuestos.

Junto a ello, les urgió a ponerse en contacto con la clínica, presentando una reclamación por escrito, dejando constancia fehaciente de que no se ha cumplido el contrato y reclamando la finalización del tratamiento, exigiendo al mismo tiempo que les den toda la documentación, así como la copia del historial médico.

“Si la clínica está cerrada, hay que dirigirse al domicilio social de la empresa que conste en su página web y en el Registro Mercantil”, abundó, al tiempo que emplazó a reclamar ante los Servicios de Consumo los posibles “perjuicios” que el cierre haya podido ocasionarles como no finalizar el tratamiento o pérdida del dinero adelantado.

MALA PRAXIS

Asimismo, en caso de haber sufrido una mala praxis deben presentar una reclamación ante las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma correspondiente.

“Si se hubiera solicitado un crédito vinculado al contrato de servicio firmado con la clínica o el centro, dirigirse por escrito y de forma fehaciente al departamento o servicio de atención al cliente de la entidad financiera donde tuvieran el crédito, para solicitar su anulación por no haberse prestado el servicio”, apostilló, al tiempo que puntualizó que, al no cumplirse lo pactado, ese crédito “deja de ser exigible”.

Por último, destacó que, si pasados dos meses la entidad no responde al consumidor o su respuesta “no es satisfactoria”, puede presentar una reclamación ante el Banco de España.