Así lo reclamó en un comunicado en el que puntualizó que el Banco de España calcula que las pérdidas derivadas de los pagos electrónicos producto de prácticas “fraudulentas” suman ya “casi 500 millones de euros al año”.

“Y lo peor es que, cuando quien ordenó el pago, mediante engaño, fue el propio titular de la cuenta y el importe retirado fue elevado, las entidades financieras pueden llegar a negar el rembolso del dinero sustraído alegando que actúo con negligencia grave por facilitar sus credenciales”, denunció.

A este respecto, recordó que la Autoridad Bancaria Europea no solo define como fraudulentas las transacciones de pago no autorizadas, “también aquellas en las que se manipuló al pagador para admitir una orden de pago”.

“Es más, el propio Código Civil, en su artículo 1.265 y siguientes considera que el consentimiento será nulo si se presta por error”, abundó, para aseverar que, “en definitiva, ningún pago que se realice bajo los efectos de un engaño podrá ser considerado autorizado”.

PIDE AL BANCO DE ESPAÑA SANCIONES

En este contexto, exige al Banco de España que “sancione” a aquellas entidades financieras que, “una vez informadas del fraude, nieguen el reembolso automático del dinero sustraído”.

La asociación considera que la carga de la prueba “no debe recaer en el consumidor, sino en los proveedores de servicios de pago, que son quienes tienen las herramientas para prevenir y limitar los fraudes, como la verificación del IBAN con el nombre del beneficiario o los protocolos KYC”.

Junto a ello, reclamó que los propios proveedores de servicios de pago “estén obligados a informar activamente” a los consumidores sobre “sus derechos y los procedimientos para impugnar una eventual y posterior decisión negativa sobre el reembolso”.

“Del mismo modo que deberán estar obligados a participar en la resolución alternativa de litigios y acatar el resultado”, prosiguió, al tiempo que dijo “apostar” por la “colaboración activa” de “todos los actores involucrados de una u otra manera en este tipo de fraudes”, desde las plataformas online y las redes sociales, los operadores de telecomunicaciones, las asociaciones de consumidores, la propia administración y, “obviamente, las entidades financieras, tanto bancos como los proveedores de los servicios de pago”.