Así lo exigió en un comunicado en el que precisó que los contratos firmados a partir del 26 de mayo de 2023 se actualizarán conforme al IRAV, mientras que los anteriores lo harán según el IPC, siempre que el contrato prevea expresamente dicha actualización.

En la revisión aplicable al mes de mayo, los valores de referencia son un IRAV del 2,47% y un IPC del 3,4% y, para que la subida sea efectiva en mayo, los arrendadores deben haber comunicado la actualización y la nueva renta dentro del mes de abril.

En cuanto a la prórroga extraordinaria, su impacto queda “limitado” a los contratos que hayan llegado a término entre el 22 de marzo y el 28 de abril de 2026. A partir de esa fecha, los arrendadores ya no estarán obligados a conceder dicha prórroga, aunque el inquilino la hubiera solicitado.

OCU advierte, no obstante, de que existen interpretaciones jurídicas “discrepantes” sobre los efectos de las solicitudes cursadas durante la vigencia del decreto, lo que, a su juicio, “puede generar inseguridad jurídica y litigiosidad”.

URGENCIA

Por ello, la organización reclama que se establezca “con urgencia” un criterio “claro” que “disipe dudas y evite conflictos innecesarios y costes adicionales para las partes”.

En paralelo, OCU insistió en que las medidas coyunturales “no resuelven el problema estructural del alquiler en España, marcado por un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda”.

En este sentido, ve “positivamente” algunos aspectos del Plan Estatal de Vivienda 2026 2030, que apuesta por ampliar el parque público de vivienda, especialmente en zonas tensionadas y destina al menos el 40% de su financiación anual al incremento de la oferta de vivienda social y asequible.

Sin embargo, estimó que la “ambición” del Plan “sigue siendo insuficiente y llega tarde”.

“El real decreto no fija un objetivo estatal concreto y verificable de incremento del parque público acorde con la magnitud del problema y la financiación prevista es inferior a la de planes anteriores. Además, las ayudas generalizadas a la demanda, si no están estrictamente focalizadas en hogares vulnerables y acompañadas de un aumento previo de la oferta, pueden trasladarse a precios y agravar la tensión del mercado”, abundó.

Por último, OCU echa en falta una “apuesta decidida” por reforzar la seguridad jurídica del alquiler privado y subrayó que garantizar procedimientos “ágiles” en casos de impago grave es “clave” para que muchos pequeños propietarios mantengan o devuelvan viviendas al mercado, contribuyendo así a ampliar la oferta y estabilizar los precios.