Así lo demandó en un comunicado en el que recordó que en noviembre de 2018 el Ejecutivo puso en marcha el Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias, liderado por los Ministerios de Sanidad y Ciencia y Universidades, desde la “obligación y necesidad no solo de defender y proteger la salud, sino de conocer y promover aquellas prácticas sanitarias respaldadas por la evidencia científica”.

Tras puntualizar que está “haciendo seguimiento de ese plan”, la organización agregó que ha realizado una consulta al Ministerio de Sanidad para “conocer su estado” y que el departamento de Mónica García le ha contestado “indicando que se espera la publicación próxima de 16 informes y finalizar los demás en el ejercicio 2024-2025”.

“Hasta la fecha se han publicado 13 informes de evaluación, que se suman a las 73 terapias calificadas desde un inicio como pseudoterapias al no contar con evidencia científica de ningún tipo. A esto se suman los 16 que, según informa el Ministerio de Sanidad, están listos pero pendientes de publicación”, abundó.

En este contexto, pidió “acelerar las revisiones de la evidencia disponible sobre las restantes técnicas con pretendida finalidad sanitaria” y subrayó que, en total, aún quedarían por evaluar 37 técnicas que, “según respuesta del Ministerio, se realizarán entre el 2024 y el 2025”, al tiempo que estimó “insuficiente y errático el ritmo de evaluación y publicación llevado hasta el momento”.

Junto a ello, urgió a “fomentar” la difusión a la ciudadanía de las conclusiones de la evaluación de las técnicas con pretendida finalidad sanitaria “en términos sencillos y accesibles”, así como a desarrollar planes o programas de información científica o de desarrollo de pensamiento crítico.

En paralelo, abogó por “avanzar” con los demás objetivos del plan, “especialmente en lo concerniente al marco normativo”.

En concreto, solicitó modificar la normativa sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, para que, como se diseña en el plan, se informe científicamente sobre las pseudoterapias que se practiquen en centros sanitarios no dependientes del Sistema Nacional de Salud; para prevenir el “intrusismo” garantizando que la actividad sanitaria sea realizada por profesionales sanitarios y para “clarificar” la definición de las distintas tipologías de unidades asistenciales “evitando así inclusiones de pseudoterapias en centros sanitarios”.

Por último, también emplazó a cambiar la normativa sobre publicación y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, para incluir también la promoción o publicidad de actos, productos, servicios o actividades con pretendida finalidad sanitaria en Internet y redes sociales e incorporar la “corresponsabilidad” en materia publicitaria sobre técnicas con pretendida finalidad sanitaria.