Así lo reivindicó en un comunicado en el que dijo “celebrar” su “potencial” para mejorar el transporte, reducir emisiones y fomentar alternativas al vehículo privado, aunque echa en falta una “mayor concreción y algunas mejoras clave”.

Entre los “principales avances”, OCU destacó, en primer lugar, el impulso de la infraestructura de recarga eléctrica y recordó que ya advirtió de la necesidad de ampliar la red de cargadores rápidos para vehículos eléctricos, de al menos 150 kW, señalando que en Canarias, Galicia, Extremadura, Baleares y Murcia no llegan a 10 en todo su territorio, y de que la “lentitud” en la tramitación de licencias “sigue siendo el gran obstáculo”.

Junto a ello, en relación a la revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT, recordó que lleva años solicitando dicha revisión, de modo que reflejen la contaminación “real” de los vehículos “en vez de basarse en la tecnología del motor”, convencida de que es “una oportunidad para establecer criterios más justos y eficaces”.

Asimismo, en cuanto a la obligación de crear una red de carriles bici protegidos en municipios de más de 300.000 habitantes, puntualizó que los carriles reservados para bicicletas y otros modos sostenibles “son una buena iniciativa, siempre que se diseñen con criterios de seguridad, conectividad y eficiencia”, como sucede ya en ciudades como Vitoria, Sevilla, Valencia y Barcelona, según un estudio de la organización.

PLANES DE MOVILIDAD

Además, sobre la obligación a las empresas de más de 200 trabajadores de elaborar planes de movilidad sostenible, subrayó que la flexibilización de horarios y el impulso al teletrabajo pueden reducir “notablemente” los desplazamientos en hora punta, sobre todo en las grandes ciudades, además de “incentivar” el uso de otro tipo de transportes más ecológicos.

En paralelo, reclamó medidas para suministrar electricidad a aeronaves estacionadas y fomentar energías alternativas en los puertos, lo que, a su juicio, “sin duda contribuirá a reducir emisiones y ruido en operaciones en tierra y atraque, responsables de hasta un 1,2% de las emisiones contaminantes a la atmósfera en España”.

Entre las “asignaturas pendientes”, estimó que, “si bien es interesante la limitación de los vuelos de corta distancia cuando exista una alternativa ferroviaria competitiva, siguen siendo necesarios para conectar rutas de largo recorrido”. “Es más, faltaría combinar esta medida con ayudas al precio del tren y mejoras en calidad y puntualidad”, agregó.

“La ley también aborda la movilidad en zonas rurales y vaciadas, recogiendo preocupaciones históricas de OCU. Sin embargo, no fija objetivos concretos como frecuencias mínimas de autobús o cobertura territorial, lo que deja su efectividad en manos de futuros desarrollos normativos y presupuestarios”, sentenció.

BONO ÚNICO

No obstante, OCU lamentó que no se haya incluido su propuesta de crear un bono único para viajes en tren y autobús por toda España, convencida de que, aunque la ley “establece la arquitectura técnica y legal que podría permitirlo en el futuro, se requiere voluntad política para hacerlo realidad”.

“Es positivo avanzar en políticas de precios más asequibles o bonificaciones, especialmente en servicios ferroviarios y de movilidad interurbana, pero de nuevo su desarrollo queda pendiente de regulación posterior”, criticó.

Por último, aseveró que las ayudas a la compra del vehículo eléctrico deberían concederse “en el mismo momento de la compra del vehículo”, tal y como se contemplaba en el anterior Plan Pive, a su entender, “mucho más sencillo y efectivo”.