Así lo anunció la organización en una rueda de prensa en la que explicó que esta indemnización pretende “resarcir” a los propietarios que pagaron un “sobreprecio” en la compra de sus coches debido al pacto colusorio realizado por las citadas marcas para reducir la competencia entre ellas.

A partir del análisis pericial efectuado, la OCU solicita de media el 10,61% del precio de compra, en concepto de indemnización por el “perjuicio” ocasionado a los consumidores, que, a su entender, adquirieron un vehículo por un importe “superior del que deberían haber pagado de no haber existido acuerdos contrarios a la competencia”.

Un importe al que, a su juicio, se han de añadir los intereses de demora desde la adquisición del vehículo, lo que equivaldrá a una indemnización total de entre un 14% y un 17,5% “en función de la fecha de compra”.

En concreto, los “beneficiarios” de esta acción son los compradores de un vehículo Seat de febrero de 2006 a enero de 2013, Porsche de junio de 2010 a agosto de 2013, Volkswagen, Audi o Skoda de octubre de 2008 a junio de 2013, Hyundai de marzo de 2010 a agosto de 2013, Chevrolet de febrero de 2006 a agosto de 2013, Nissan de junio de 2008 a agosto de 2013, Mercedes de marzo de 2010 a febrero de 2011, Lexus o Toyota de febrero de 2006 a agosto de 2013, Honda de abril de 2009 a agosto de 2013 y de la marca Volvo de marzo de 2010 a agosto de 2013, por ser los respectivos periodos “acreditados” en los que los fabricantes “participaron en el pacto ilegal".

Tras estas tres primeras demandas, la OCU irá presentando de manera “paulatina” el resto de demandas colectivas hasta “completar el elenco” de todos aquellos fabricantes que fueron sancionados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia por prácticas “restrictivas” de la competencia.

Estas demandas suponen la “continuación” de las acciones que la asociación inició en 2020 mediante unas diligencias preliminares que han resultado “fallidas”, dado que, según puntualizó, “alguna” de las administraciones públicas requeridas ha “negado” la “colaboración” solicitada por la organización a través de los juzgados.