Así lo precisó en un comunicado en el que añadió que los derechos de los viajeros en autobús y autocar en caso de retrasos o cancelaciones están recogidos en un reglamento europeo que establece el derecho a obtener el reembolso del billete o, en su defecto, a la compensación en forma de abono cuando corresponda.

“Si se trata de viajes de larga distancia, el usuario tiene, además, derecho a presentar una reclamación para solicitar una indemnización en función del retraso sufrido, que va del 50% al 100% del precio del billete”, agregó.

En cualquier caso, subrayó que puede exigirse a la compañía una indemnización por cualquier problema o perjuicio sufrido como consecuencia del retraso o la cancelación, como la pérdida de un enlace con otro medio de transporte o la imposibilidad de disfrutar de un alojamiento ya pagado.

Para ello, juzgó “recomendable” guardar cualquier documento que lo pruebe, así como cualquier otro gasto derivado de esta situación y recomendó dirigir cualquier reclamación “directamente” al transportista, que tendrá un mes para contestar.

“Si la respuesta no llegara o no fuera satisfactoria, es recomendable acudir a las juntas arbitrales de transporte terrestre, que están obligadas a resolver todas las reclamaciones económicas que no excedan los 15.000 euros”, abundó, al tiempo que aseveró que se trata de un procedimiento “rápido y gratuito” y que puede presentarse la reclamación ante la junta de la comunidad autónoma de origen o de destino, “indistintamente”.

“El último recurso sería la vía judicial, para la que no es necesario abogado ni procurador si la cantidad reclamada es inferior a 2.000 euros”, concluyó.