Así lo reivindicó durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo de la Cámara Baja para exponer las principales demandas de la asociación en relación a dicha norma, auspiciada por el Ministerio de Consumo.

En el transcurso de su alocución, Izverniceanu precisó que la aprobación de una ley de servicios de atención al cliente “es una reivindicación histórica de OCU”, razón por la cual hizo un “llamamiento” a todos los grupos parlamentarios para aprobar la ley “en los términos en los que se aprobó en la sesión de abril de 2023”, cuando recibió “el mayor de los consensos posibles con renuncias por parte de todos, incluidos de los consumidores”.

A este respecto, exigió que la futura norma “garantice unos mínimos”, entre los que mencionó que las empresas respondan a las reclamaciones más rápido, que se regulen de manera “adecuada” los requisitos de calidad de estos servicios y que se garantice la gratuidad de los servicios de atención al cliente, permitiendo, además, a los consumidores la “reparación e indemnización por los daños sufridos”.

También abogó por la imposición de las “mismas obligaciones” a todos los sectores de forma que “desaparezcan” los “privilegios actuales” frente al resto de empresas que, a su juicio, tienen la banca, los seguros, las eléctricas y la propia administración pública y demandó “que se tengan en cuenta las necesidades de los consumidores vulnerables”.

RECLAMACIONES

Respecto al plazo para la resolución de las reclamaciones pidió que se extienda por 15 días naturales en vez de hábiles, puesto que, a su entender, “ya es un plazo más que generoso”.

En paralelo, defendió que el canal telefónico se debería establecer como “obligatorio con carácter general” y advirtió de que trasladar al consumidor vulnerable la obligación de acreditar su vulnerabilidad o situación para poder acceder a los servicios de atención a la clientela de una manera “adecuada a sus necesidades” es “una carga totalmente abusiva y desproporcionada e innecesaria”.

En este contexto, hizo hincapié en que “es importante" que la ley "se apruebe en esta legislatura” y que suponga un “cambio significativo” respecto a la situación actual, al entender que “una buena ley que garantice los servicios de atención al cliente supondrá una mejora significativa de los servicios y una mejora de la competencia y competitividad” en el caso de las empresas.

En su turno de respuesta a los distintos grupos parlamentarios, aseveró que “es un clamor popular que el cliente no se siente correctamente atendido por algunas empresas que desprestigian al resto de empresas, porque la mayoría lo hacen bien”.

LENGUAS COOFICIALES

En relación al uso de las lenguas cooficiales en los servicios de atención a la clientela, afirmó que OCU “respeta lo que dice la Constitución”, esto es, “que cualquier consumidor que reside en una comunidad autónoma que tiene lengua oficial está en su pleno derecho de pedir que se le atienda en la lengua que estime oportuno”.

Por último, en cuanto al spam telefónico, admitió que es “un clamor popular” que la actual normativa “no es eficaz”, dado que “no está parando el spam” y no evita que los consumidores “sigan recibiendo muchísimas llamadas molestas” frente a las que llamó a “poner coto”.