Así lo reivindicó en un comunicado en el que precisó que la decisión judicial, “aunque no es firme y puede ser recurrida”, evidencia la necesidad de revisar el modelo aplicado y “corregir sin dilaciones sus efectos económicos sobre los ciudadanos”.

La resolución, dictada por la Sección Novena de lo Contencioso Administrativo, aprecia un “defecto sustancial de procedimiento”, pues durante el trámite de información pública se “omitieron anexos esenciales del informe técnico económico que justificaba el cálculo de la tasa”.

“Dichos anexos incluían el análisis de generación de residuos por sectores económicos y la trazabilidad entre actividades y carga tributaria. Sin estos elementos, la ciudadanía no pudo verificar si la cuantía era proporcional, adecuada o conforme al principio de transparencia exigido a cualquier tributo local”, agregó.

En este contexto, OCU subrayó que la anulación no implica automáticamente la devolución de lo ya pagado.

Una vez que se publique la sentencia, la situación varía según cada contribuyente y quienes presentaron recurso y aún no recibieron respuesta pueden solicitar resolución expresa y la devolución con intereses que proceda, invocando la sentencia y el régimen de ingresos indebidos.

Por su parte, quienes recurrieron y obtuvieron una desestimación pueden acudir al Tribunal Económico Municipal si el plazo sigue abierto. Si la resolución ya es firme, solo caben los procedimientos tasados de revisión previstos en la Ley 39/2015, de aplicación extraordinaria.

Por último, quienes no recurrieron no disponen hoy de un derecho automático a la devolución y deberán esperar a la firmeza de la sentencia y a las instrucciones de ejecución que puedan establecerse.

TEXTO ÍNTEGRO

No obstante, OCU sigue a la espera del texto íntegro de la sentencia para actualizar la información con las consecuencias prácticas y los pasos a seguir.

En cualquier caso, OCU exige que se actúe “con responsabilidad y equidad”, evitando a los ciudadanos cargas administrativas innecesarias.

La organización defiende que, en el caso de los contribuyentes que recurrieron correctamente en tiempo y forma, la devolución de oficio debería ser automática una vez la sentencia sea firme.

Para el resto, OCU insiste en que el Consistorio debe prever un cauce “rápido, claro y respetuoso” con los principios de transparencia, buena administración y protección del consumidor, “especialmente para las personas mayores o en situación de vulnerabilidad”.

“Salvo que la sentencia establezca la nulidad con efectos retroactivos, en cuyo caso también deberían tener derecho a una devolución automática”, abundó.