La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) valoró este lunes “positivamente” el “control de la legalidad” realizado por el Ministerio de Consumo ante los anuncios de viviendas turísticas sin licencia, tras su sanción de más de 64 millones de euros a Airbnb, pero advirtió de que dicho “control” sobre este tipo de alquileres “no resolverá por sí solo el grave problema de acceso a la vivienda”.