Así lo aseveró en un comunicado en el que reclamó "medidas estructurales" que “aumenten” la oferta de alquiler de larga duración, “especialmente” incentivando la puesta en el mercado de las más de 3,8 millones de viviendas vacías existentes en España.

En este sentido, juzgó “positivo” el hecho de que se “refuerce” el “control” sobre el alquiler turístico, dado que “responde a una demanda creciente de turistas nacionales y extranjeros”, si bien puntualizó que el problema del acceso a la vivienda “no se solucionará únicamente endureciendo la normativa sobre alquileres temporales”, convencido de que "la raíz del problema está en el desequilibrio entre una demanda creciente y una oferta que se reduce”.

SEGURIDAD JURÍDICA

Tras subrayar que muchos propietarios optan por el alquiler turístico o incluso por mantener sus inmuebles vacíos debido a la “falta de seguridad jurídica en el alquiler de larga duración”, exigió medidas que garanticen a los pequeños propietarios la recuperación de su vivienda en caso de impago en plazos “razonables”, reservando la suspensión de desahucios a “casos excepcionales” de “vulnerabilidad contrastada” y acompañada de compensaciones “rápidas y efectivas”.

Además, propuso incentivos fiscales para quienes ofrezcan alquileres de larga duración a precios asequibles, así como un sistema “eficaz” de protección a los hogares vulnerables que “no reduzca la oferta ni dispare las rentas”.

Por último, denunció la “insuficiencia” de la vivienda social y vio “urgente" el hecho de "pasar de las palabras a los hechos para garantizar el derecho a una vivienda digna”.