Así lo aseguró en un comunicado en el que denunció que, en su día a día, los consumidores hacen frente a alegaciones medioambientales “vagas, engañosas o no respaldadas por pruebas verificables”, lo que, a su entender,” lleva a una falta de confianza en las afirmaciones medioambientales de los productos y las empresas”.

En este punto, recordó que la propuesta de la Directiva sobre alegaciones medioambientales tiene como objetivo hacer que estas sean “fiables y verificables” en toda la UE para “proteger” a los consumidores de información “engañosa” y para “fomentar” una economía circular y sostenible estableciendo requisitos para las afirmaciones medioambientales, prohibiendo las etiquetas de sostenibilidad “auto certificadas” y articulando sanciones para las empresas infractoras.

Tras advertir de que la legislación actual “resultaba insuficiente” para “abordar adecuadamente” las cuestiones relativas a la comunicación en materia de sostenibilidad, estimó que la futura norma “va a servir para reducir el número de etiquetas ecológicas y afirmaciones medioambientales infundadas”.

Además, auguró que el procedimiento de certificación por adelantado va a suponer “una criba” de las más de 200 etiquetas medioambientales que se venden en Europa y “unas reglas de juego comunes para todas las empresas”.

Sin embargo, lamentó que la propuesta “se quede corta”, ya que, según su criterio, su alcance “se reduce a las declaraciones voluntarias por parte de las empresas”.

Respecto a las afirmaciones medioambientales, puntualizó que la futura norma “no establece un único método ni requiere realizar un análisis completo del ciclo de vida para cada tipo de afirmación”.

“Sin embargo, sí exige que las afirmaciones estén respaldadas por evidencias científicas, que especifiquen si se refieren al producto completo o solo a una parte, que se refieran a aspectos significativos desde una perspectiva del ciclo de vida y que aporten una mejora significativa en aspectos medioambientales”, valoró, para añadir que, en el caso de las afirmaciones relacionadas con el clima, “exige que se diferencie entre afirmaciones de reducción de emisiones o solo las de compensación”.

Por otro lado, cuando la fase de uso del producto tenga un impacto ambiental “relevante”, tendrá que incluir información sobre “cómo usarlo bien”, algo que, para la OCU, “refuerza la necesidad de educación al consumidor”.

Asimismo, subrayó que, merced a la nueva directiva, la información medioambiental y su justificación tendrán que estar disponibles para los ciudadanos, ya sea físicamente u ‘online’ a través de un enlace web o código QR, y las afirmaciones y etiquetas ambientales deberán ser “verificadas y certificadas” por terceros antes de ser utilizadas.

La asociación agregó que la Comisión publicará una lista "actualizada" de etiquetas ambientales "oficialmente reconocidas" y que la nueva normativa propone sanciones “disuasorias” para las empresas que la “incumplan” de al menos el 4% de la facturación anual total.