Para OESA se trata de una "situación perversa" que "seguiría perjudicando gravemente al sector en un momento crítico", y advirtió de que el aumento de conflictividad y desconfianza entre propietarios e inquilinos seguirá reduciendo la oferta, ya muy mermada frente a la demanda.

"La derogación dejará 880.000 alquileres bloqueados. Ese es el número de inquilinos que, a través de un burofax, han solicitado la prolongación de su alquiler durante las pocas semanas que estuvo vigente el Decreto Ley. Representa el 80% de los 1,1 millones de contratos afectados, según las principales estimaciones realizadas", explicó OESA, que señaló que ahora propietarios e inquilinos deberán negociar para encontrar una solución ya que, en caso contrario, tendrán que recurrir a los juzgados.

La entidad explicó que la mediación favorece a las dos partes, en primer lugar al inquilino, dándole estabilidad, y también al propietario, que ve satisfecha su demanda lógica de actualización de precios en un entorno razonable.

RELACIÓN DURADERA

OESA señaló que arrendadores e inquilinos quieren una relación duradera en el 99% de los casos. "A veces hay que dejar que las personas busquen una solución. Es momento para el diálogo, para negociar sin que nadie hable en su nombre. Estoy convencido que invitar a la mesura, al diálogo, a la negociación y a la mediación propondrá soluciones viables para la mayoría de propietarios e inquilinos”, explicó el presidente de OESA, Javier Íscar.

La entidad explicó que la eficacia de la mediación está probada, con un porcentaje de resolución de problemas de cerca del 50% en el sector de los seguros de impago de alquiler. Evita así la litigación en los juzgados, con el consiguiente incremento de saturación del sistema.

Asimismo, señaló que esta mediación está totalmente alineada con la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia de la Justicia que introduce los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), como mecanismos extrajudiciales obligatorios para resolver conflictos sin necesidad de colapsar los tribunales.

Por último, indicó que la mediación tiene incentivos fiscales, con deducciones tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre Sociedades (IS). También existen bonificaciones o devoluciones de parte de la tasa judicial si se llega a un acuerdo.