El portavoz de Sumar en la Cámara, Íñigo Errejón; el portavoz de Justicia e Interior, Enrique Santiago, y la diputada Verónica Martínez presentaron hoy en rueda de prensa, poco antes de registrarla, una iniciativa que anunciaron como la primera de “más de 40” que tiene preparadas Sumar para luchar contra la corrupción.

Todas ellas desde la premisa de que se puede, o “participar en el coro de gritos”, según definió Errejón la pelea entre el PP y el PSOE, o presentar medidas, porque “no vale con lamentarse estéticamente del espectáculo de estos días” en el Congreso. A su entender, la iniciativa de Sumar “debería salir por unanimidad” y “no debería haber diferencias” en el intento de “rescatar a la política de la corrupción y devolverla al terreno de las transformaciones útiles”.

Verónica Martínez suscribió que el escenario actual, “uno de los momentos más complicados” en cuanto a la corrupción, “exige hacer algo, no sólo lamentarnos”, por su “tremendo impacto en la igualdad social”, y deseó que la agencia de prevención “se convierta en el centro de la lucha” contra este fenómeno.

Santiago dijo que “es relativamente sencillo” crear esta oficina y que “la pregunta es por qué no lo había hecho antes España” cuando lo recomiendan el grupo Greco del Consejo de Europa y Naciones Unidas. Al tener ámbito estatal, superaría la insuficiencia competencial de los órganos similares de Cataluña, Barcelona, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares.

MEMORIAS DE PREVENCIÓN

El portavoz de Justicia de Sumar y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso precisó que la oficina afectaría a todo aquél que maneje dinero público, sea persona física o jurídica, y que obligará en un plazo de dos años a todas las instituciones, incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a elaborar y depositar en un registro sus memorias de prevención. Eso sí, tendría que limitarse a las estatales, sin poder entrar en las comunidades autónomas.

Asimismo, contará con responsables de garantizar que se cumplen los planes y con capacidad de investigación y mecanismos de rendición de cuentas y de protección de los denunciantes y del personal de la propia oficina. Las sanciones, que serán distintas para las personas físicas y las jurídicas a fin de desincentivar las empresas ficticias, están entre 500 y un millón de euros. Además, tendría conexión con las comisiones de investigación parlamentarias.

Sumar no teme que la falta de Presupuestos impida dotar de recursos a la Oficina, puesto que tendría varios meses para entrar en funcionamiento y elegir a su director o directora, y, si acabara el proceso antes de fin de año, se le podría dotar como a los órganos reguladores y los cuerpos de funcionarios, que reciben financiación aunque se prorroguen las cuentas públicas. “Quien ponga la excusa del problema presupuestario se retratará”, desafió Santiago.

La candidatura del director o directora podría surgir tanto de los grupos parlamentarios como de la sociedad civil, y el Congreso le nombraría por mayoría de tres quintos; pero, si no se llegara a un acuerdo en seis meses, bastaría con una mayoría absoluta como la que invistió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su mandato duraría cinco años, para que no coincida con la duración de cada legislatura.