La abogada y vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ana Caballero, explicó que las grandes compañías digitales utilizan modelos de negocio basados en técnicas de captación de atención y en la explotación de datos personales, incluidos los de los menores, considerados también consumidores. Subrayó que Europa, por su regulación y diversidad, se ha convertido en un entorno especialmente valioso para estas empresas y destacó que “la tecnología no es neutra”.

Caballero apuntó las dificultades jurídicas para atribuir daños concretos al uso de redes sociales por la complejidad de la causalidad digital, y planteó invertir la carga de la prueba para que sean las plataformas quienes acrediten el cumplimiento de la ley. Recordó que el sistema de verificación de edad está previsto en la legislación audiovisual desde 2022 y defendió que el control parental y el consentimiento a los 16 años forman parte del marco regulatorio vigente.

El profesor de Psicología de la Universidad del País Vasco Juan Manuel Machimbarrena señaló que los menores pasaron en poco tiempo de un uso residual de internet a integrar las redes sociales en su vida emocional y relacional. Indicó que, para ellos, no existe una separación clara entre lo online y lo offline y que este entorno genera dudas y tensiones tanto en las familias como en los centros educativos.

Machimbarrena mencionó beneficios asociados a las redes sociales, como la conexión entre iguales o el apoyo emocional, pero también riesgos como el ciberacoso, la presión social, la exposición a contenidos perjudiciales o los usos problemáticos que interfieren en la vida diaria. Precisó que la adicción no se recoge como trastorno clínico y que lo relevante son los patrones de uso que afectan al funcionamiento habitual del menor.

La investigadora del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea Arianna Sala señaló que las chicas presentan una mayor vulnerabilidad a los efectos adversos por la presión estética y los mecanismos de comparación social. Explicó que el impacto depende del tiempo de uso, de la motivación, si es informativa o emocional, y del tipo de contenido al que se accede, así como de la fortaleza de la red offline de cada menor y lo que afecta el uso de las redes dentro de su vida lejos de ellas.

Sala añadió que, según la literatura científica, existe correlación, aunque no causalidad demostrada, entre determinados patrones de uso y efectos negativos en salud mental, especialmente cuando los algoritmos recomiendan contenidos más extremos para mantener la atención del usuario. Indicó que fenómenos como el ciberacoso, la exposición a ideales de belleza o los contenidos sobre autolesiones forman parte de los riesgos más documentados.

Los ponentes coincidieron en que cualquier regulación debe combinar herramientas técnicas, como la verificación de edad, con educación digital, participación de los propios menores y mecanismos que aumenten la transparencia de las plataformas. El objetivo, afirmaron, es ajustar la intervención a la evidencia disponible y maximizar los beneficios del entorno digital reduciendo los riesgos identificados.