Entre las razones que alega la OMC al pedir la inconstitucionalidad de esta ley figura el hecho de que teniendo como finalidad la regulación del régimen jurídico del seguro privado, sin embargo la disposición adicional décimoquinta establece la afiliación obligatoria en el régimen especial de autónomos de los profesionales que ejerzan por cuenta propia.

Para la OMC, la obligación que se impone a los médicos en la citada disposición, por la cual tedrían que darse de alta en el régimen especial de autónomos para el ejercicio de la profesión en el ámbito privado, vulnera el principio de igualdad por discriminatoria y por la diferencia de trato que se produce.

Finalmente, se alega en el escrito presentado al Defensor del Pueblo que la doble cotización al régimen general y al régimen de autónomos de aquellos médicos que ejercen la medicina en los dos ámbitos, determinan una contribución al sostenimiento del gasto público del sistema de la seguridad "que no se corresponden con los parámetros de contraprestación en materia de pensiones".