Así lo precisó la directora del departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS, Luz María De-Regil, durante su intervención en el Taller Nacional celebrado en el marco del Plan de Aceleración de la OMS para detener la obesidad, en el que también participaron el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la ministra de Sanidad, Mónica García.

En el transcurso de su alocución, De-Regil destacó el “liderazgo” de España para “avanzar en los esfuerzos internacionales para reducir la obesidad en el mundo” y precisó que la OMS está “trabajando” para que el país acoja en octubre de 2026 “una primera reunión de alto nivel político" con el objetivo de "evaluar dónde estamos, qué hemos aprendido y qué más se puede hacer”, convencida de que “se necesita el compromiso político y la evidencia para implementar intervenciones sólidas y compartir aprendizajes”.

“Creemos que esta alianza muestra cómo el liderazgo nacional y la capacidad de convocatoria política puede llevar a avanzar estos programas nacionales e internacionales”, apostilló, al tiempo que advirtió de que la obesidad es una condición que afecta a 1.000 millones de personas en el mundo, 170 millones de ellas niños y adolescentes, y que se estima que alrededor de 2050 serán 2.300 millones.

En paralelo, la experta denunció que hay 3,7 millones de muertes al año “asociadas a la obesidad y condiciones ligadas a ella”. “De ahí que decimos que hay una ventana crítica para manejar la obesidad y por lo cual tenemos que hacer algo”, abundó, al tiempo que reivindicó que, en 2022, la OMS lanzó un plan internacional para “frenar la obesidad” en “colaboración” con Unicef y el Banco Mundial, entre otras organizaciones, y al que ya se han unido más de 35 países en los que viven 1.300 millones de personas y que concentran un tercio de la obesidad en el mundo, lo cual, a su juicio, “indica el interés y el gran problema que los países tienen”.

CUMBRE GLOBAL

“Hemos empezado ya el trabajo con los países y creemos que tenemos una masa crítica para, en 2026, hacer una cumbre global donde vamos a evaluar cuáles son los retos que los países han tenido, los aprendizajes y favorecer que haya comunicación entre ellos”, avanzó, al tiempo que denunció que, en general, “los sistemas de salud no están listos para detectar y manejar la obesidad” y que la regulación de la mercadotecnia de alimentos, “particularmente” la digital, es “una parte clave”.

En este sentido, valoró el trabajo “muy estrecho” que vienen realizando la OMS y España desde 2024, cuando el país se unió al plan de aceleración y subrayó el “papel muy relevante” que tiene en la ONU así como sus “grandes esfuerzos” en esta área, que se han traducido en una “pequeña”, pero “significativa” reducción de la obesidad en niños, aunque menos acusada en poblaciones “más vulnerables”.

ACTUACIÓN COORDINADA

Por su parte, la ministra Mónica García reivindicó que España forma parte del grupo de 34 países “frontrunners” de la OMS, comprometidos en la lucha contra la obesidad infantil y aseveró que “solo actuando de manera coordinada, sostenida y basada en políticas públicas serias podremos garantizar la salud de quienes más la necesitan: nuestros niños y niñas”.

“Actuar con urgencia no es una opción: es una responsabilidad pública de primer orden”, añadió, al tiempo que indicó que “ocho de cada diez niños con obesidad seguirán viviendo con ella en la edad adulta”, convencida de que la obesidad infantil es “la punta del iceberg” y “el síntoma visible de un problema más profundo, relacionado con los determinantes sociales de la salud”, como el acceso a alimentos saludables, la precariedad y las desigualdades.

“No hablamos solo de salud pública, hablamos de justicia social, de igualdad de oportunidades, del derecho de cada niño y cada niña a crecer con salud, sin que su código postal ni su nivel de renta marquen su destino”, deslizó, al tiempo que admitió que “nos quedan muchísimos retos por delante”, entre los que mencionó como “el más importante” el de la prevención, consciente de la importancia de “impulsar políticas valientes, que van a ser invisibles, pero que van a tener un efecto directo sobre la salud de los niños y las niñas y adolescentes”.

DATOS ESTREMECEDORES

En la misma línea, el ministro Bustinduy destacó el “dato positivo” que arroja el último informe Aladino y que refleja un descenso de 4,5 puntos en los índices de prevalencia de exceso de peso en la población infantil en España, si bien alertó de que “la letra pequeña" muestra "datos estremecedores", como el hecho de que entre las familias con ingresos inferiores a 18.000 euros brutos al año dicha prevalencia es de un 48%, esto es 19 puntos más que en aquellas con más de 30.000.

“Lo que están diciendo estos datos es que el entorno, la familia, el código postal en el que se nace, está actuando como un determinante del desarrollo de las condiciones, posibilidades y oportunidades de vida para los niños y niñas en nuestro país”, lamentó, convencido de que “eso es algo sencillamente inaceptable en una democracia” y de la urgencia de "remover los obstáculos y los determinantes que hacen que el desarrollo de nuestra vida esté marcado de inicio”.

A su vez, Bustinduy subrayó que la responsabilidad de los poderes públicos es “garantizar entornos seguros y condiciones de igualdad para todos", así como "erradicar esos factores de incoherencia y de desigualdad", consciente de que, "si ese es el diagnóstico, el curso de las políticas públicas está bastante claro” y va en la dirección apuntada por el Real Decreto de comedores escolares y el que mejorará la alimentación en centros residenciales y hospitalarios.