A juicio de estas organizaciones, incluir al “ecologismo radical” dentro de un apartado sobre “terrorismo nacional” envía un mensaje negativo a la sociedad y supone “un importante salto de escala en la criminalización y desprestigio” de este movimiento.

“El activismo ambiental es más necesario que nunca, dada la preocupante crisis ecológica que amenaza a las sociedades humanas, a las que ya está generando enorme estrés y sufrimiento, especialmente a la población más vulnerable”, añadieron, antes de sentenciar: “La amenaza es la crisis ecológica, no el ecologismo radical”.

La memoria de la Fiscalía recoge que los grupos ecologistas “han incrementado notablemente su actividad”, lo cual, según las ONG, se debe a “las graves consecuencias de la crisis ecológica”.

Sin embargo, como también recoge la memoria, la acción ecologista está circunscrita a la desobediencia civil no violenta e incluye a Rebelión o Extinción y Futuro Vegetal.

No obstante, fuentes de la Fiscalía General del Estado admitieron tras la publicación de la memoria que los grupos ecologistas mencionados no son en ningún caso una amenaza terrorista y no hay ninguna causa abierta contra ellos. “Muestra que no es correcta la inclusión del ecologismo radical en el apartado de terrorismo”, reiteraron las organizaciones.

DESOBEDIENCIA RECONOCIDA POR LA ONU

Los grupos ecologistas recalcan en sus cartas que “la desobediencia civil no violenta es precisamente lo contrario al terrorismo”, puesto que “está reconocida explícitamente por la ONU como una forma legítima de protesta y tiene un largo recorrido que valida su forma de acción”.

Ello ocurre tanto en el ámbito internacional (como el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos) como nacional (como el movimiento por la objeción de conciencia).

También recordaron que quienes tildaron a estos movimientos no violentos de terroristas cometieron “un error histórico”. “El tiempo ha dado la razón y ha encumbrado a quienes optaron por esta forma de protesta pacífica, como Martin Luther King, Rosa Parks, Nelson Mandela o Wangari Maathai”, apuntaron.

Los cinco grupos ecologistas han citado las palabras del primer relator especial de Naciones Unidas para los defensores del medio ambiente, Michael Forst, cuando denunciaba que “cada vez más políticos tratan como ‘ecoterroristas’ a los defensores del medio ambiente que recurren a la desobediencia civil”, que son “precisamente los activistas más amenazados del mundo”.

“La Memoria de la Fiscalía redunda en esta tendencia de desprestigiar y criminalizar a quienes defienden un territorio más habitable para todas las personas”, recalcan.

Por ello, reclaman a García Ortiz y Gabilondo que lleven a cabo una revisión del apartado sobre “terrorismo nacional” de la última memoria anual de la Fiscalía General del Estado con el fin de eliminar el “ecologismo radical” de ese bloque, así como la mención a los grupos Extinction Rebellion y Futuro Vegetal.

“Señalar sin fundamento al movimiento ecologista como una amenaza terrorista supone un grave impedimento a la lucha contra la crisis ecológica y un ataque al derecho a la protesta, fundamental para el desarrollo de la democracia”, concluyen.