El informe, que analiza las necesidades específicas de protección en la etapa de 0 a 3 años en base a la opinión de 600 familias y 50 profesionales, revela que un 34% de los encuestados no conoce la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi) y un 64% considera insuficiente la formación para identificar señales de desprotección o violencia en los niños y niñas más pequeños.

Según la autora del informe y especialista en primera infancia de la ONG Educo, Helena Juanes, "en 0-3, la observación adulta es casi la única vía para saber que algo no va a bien". Por ello, desde la organización pidieron que se adapte la Lopivi y se apueste por un plan estatal integral para la primera infancia "alineado con la Garantía Infantil Europea que articule una política integral y universal para esta etapa estratégica, especialmente los primeros mil días de vida", recoge el estudio.

En esta misma línea, Educo alerta sobre la "baja implantación" del coordinador de bienestar y protección en las escuelas infantiles incluida en la Lopivi. "Aunque la ley orgánica establece su obligatoriedad, las normativas autonómicas no desarrollan esta figura de manera explícita para la etapa de 0 a 3 años y, en muchos casos, tampoco mencionan su aplicación en centros de titularidad privada, que representan una parte muy significativa de este tramo educativo”, explicó Juanes.

Los datos de la encuesta confirman además que el 51% de los educadores desconoce esta figura pese a ser obligatoria según la ley. Si pertenece a un centro privado, esta cifra se dispara hasta un 73%. Y solo un 31% afirma contar con esta persona en su centro, y la respuesta varía según la titularidad del centro: en escuelas públicas en torno a la mitad dice que tienen coordinador de bienestar mientras que en privadas o concertadas solo lo afirma el 9%.

UNO DE CADA SIETE

Educo recordó que a día de hoy España cuenta con una herramienta oficial, el Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI), que recoge datos relativos a la incidencia de la violencia en la etapa preescolar, pero "es un sistema incompleto porque no todas las comunidades lo utilizan por igual ni registran todos los casos", advirtió Juanes.

Por ello, exigió desarrollar e implementar "con urgencia" tanto el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la infancia (Rssvi) como el Registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (Rcivia) de todos los territorios para garantizar la unidad del sistema.

En este sentido, el documento elaborado por la ONG pide que se cree "una mesa de coordinación interministerial y multiactor centrada en la primera infancia". En esa mesa deberían participar los ministerios de Educación, Infancia, Derechos Sociales y Sanidad así como también la Federación de Municipios y Provincias y las consejerías de Educación y Derechos Sociales de las comunidades autónomas, en opinión de Educo.

Del mismo modo, la organización propone "el desarrollo de servicios universales de educación y crianza en la franja de edad de 0 a 3 años" para identificar tempranamente a las familias en situación de vulnerabilidad, facilitar el acompañamiento y garantizar una acceso equitativo a los recursos.

A pesar de estas carencias, el 14,5% de todas las notificaciones de sospecha de maltrato infantil corresponden a niños y niñas de 0 a 3 años, lo que equivale a uno de cada siete casos. Es importante matizar que estos datos no reflejan una prevalencia real, ya que están condicionados por la sensibilización, detección y uso del sistema de registro en cada territorio. "Necesitamos una imagen completa y fiable de lo que ocurre en esta etapa para poder diseñar políticas públicas efectivas”, añade Juanes.