El ministro de ese departamento, Pablo Bustinduy, se reunió este lunes con entidades como Proyecto Gran Simio, el Instituto Jane Goodall España, la Fundación Rainfer, la Fundación Mona, AAP Primadomus y Fundación Animal Guardians, entre otras, para colaborar conjuntamente en el desarrollo de una ley de grandes simios (chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos).

El Gobierno estaba obligado a presentar un proyecto de ley de grandes simios tres meses después de la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Ese plazo venció el 29 de diciembre de 2023.

Bustinduy anunció este lunes que su departamento ya prepara el texto legal de la que denominó ‘Ley Jane Goodall’ -en homenaje a la primatóloga recientemente fallecida- y que incluirá la protección de la dignidad, el derecho a la vida y a la libertad y la no tortura de grandes simios.

Las entidades presentes en la reunión calificaron este martes en un comunicado conjunto de “muy cordial y constructivo” el encuentro con Bustinduy y añadieron: “Estaremos vigilantes para que se cumplan los compromisos”.

DOS MEDIDAS

Marta Esteban, presidenta de la Fundación Animal Guardians, señaló que las seis organizaciones mencionadas trasladaron dos peticiones principales al ministro, entre ellas la creación urgente de un grupo de trabajo técnico con juristas, primatólogos y expertos en bienestar animal que trabajen con el Ministerio en un borrador consensuado antes de ser presentado a información y audiencia públicas, y que ese texto esté listo antes del próximo 31 de diciembre.

La otra se refiere a un listado de “medidas mínimas” como el fin de la cría en cautividad, salvo cuando se trate de animales que puedan ser devueltos a su hábitat natural; prohibir el uso comercial o en espectáculos de estos animales; prohibir el ‘mascotismo’ y la tenencia por particulares, y garantizar la no separación de los grupos sociales por los profundos vínculos que crean entre ellos.

Prohibir la separación de madres y crías, salvo cuando esté en riesgo la supervivencia de estas; instalaciones adecuadas a las necesidades de cada especie y, la “más importante", según Esteban, dotar recursos suficientes a los centros de rescate que albergan animales decomisados de titularidad estatal.

Según las organizaciones, los grandes simios son los únicos animales no humanos también homínidos, comparten el 98% de su ADN con los humanos y poseen capacidades cognitivas y emocionales extraordinarias, pues pueden ser capaces de comunicarse mediante lengua de signos, transmitir cultura, usar herramientas, tener sentido del humor, entender conceptos abstractos o disfrutar de la belleza.

“DEUDA MORAL”

Marisa Mariñán, coordinadora de programas del Instituto Jane Goodall, comentó que, “después de 30 años de trabajo”, todas las organizaciones sobre grandes simios están “unidas en la defensa de una ley histórica que salde una deuda moral” con los “parientes evolutivos más cercanos” de los humanos.

“Nos gustaría recalcar tanto el compromiso adquirido de trabajar en conjunto por parte de todos como el reconocimiento a los centros de rescate y a su amplia experiencia en el cuidado y protección de estos primates como uno de los actores principales necesarios para el desarrollo de esta ley”, según Marta Bustelo, directora de la Fundación Rainfer.

Olga Felíu, directora general de Fundación Mona, añadió: “Los centros de rescates españoles (Fundación Mona, Rainfer y APP Primadomus) agradecemos la reactivación de la redacción de una ley destinada a proteger a los grandes simios y, muy especialmente, la invitación a participar en este proceso. Estamos contentos de que por primera vez se haya reunido a todas las partes implicadas en la protección de los grandes simios”.

Pedro Pozas, del Proyecto Gran Simio, destacó que en la reunión hubo “compromisos relevantes” del Ministerio, “especialmente en relación con la creación de un grupo de trabajo que permita avanzar de forma conjunta en la elaboración de una ley específica para los grandes simios”.