Según informaron las entidades de la alianza, la aprobación y reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Estatuto que regula el funcionamiento de la Ainodi supone un “avance” en el desarrollo de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación de 2022.

No obstante, las entidades sociales advirtieron de que, a través de su trabajo de acompañamiento a víctimas, constataron que las administraciones competentes "siguen sin aplicar esta normativa", por lo que atribuyeron a la Ainodi un papel "absolutamente fundamental" para garantizar la protección efectiva de las personas discriminadas.

Al mismo tiempo, las organizaciones también destacaron que varias de las propuestas que formularon durante la consulta pública del Estatuto han sido incorporadas al texto definitivo.

Gracias a esta norma, la nueva autoridad podrá poner en marcha servicios de atención accesibles para las víctimas, investigar quejas, interponer acciones judiciales, elaborar estudios y emitir recomendaciones.

Pese a ello, las entidades reclamaron que el organismo disponga de recursos suficientes para ejercer sus competencias. En concreto, señalaron que esperan que cuente con una dotación presupuestaria y de más personal para abordar todas sus funciones.

Así, las entidades defendieron la necesidad de introducir modificaciones en la Ley para la Igualdad de Trato para reforzar el sistema sancionador y garantizar que las conductas discriminatorias sean castigadas y las víctimas reciban una reparación efectiva.