Entre las mejoras, la coordinadora cita la inclusión de la coherencia de políticas como objetivo de la ley y la mayor participación del Parlamento en la definición de la política de cooperación.

Sin embargo, acusa al proyecto de ley de no garantizar queel objetivo prioritario de la ayuda al desarrollo sea la erradicación de la pobreza, y reclama que se eliminen las referencias que permiten utilizar la cooperación, particularmente los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), con fines comerciales.

Además, las organizaciones exigen que para mejorar la calidad de la ayuda, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional tenga capacidad de evaluación sobre el conjunto de la ayuda, incluida la gestionada por otros ministerios, particularmente el de Econmía y Hacienda que gestiona dos tercios de la misma.

Las ONGD también expresaron su temor ante la posibilidad de que la Administración pueda distribuir con criterios arbitrarios las subvenciones a los proyectos de las organizaciones.