Lo hizo durante su 58ª sesión, celebrada en Ginebra, a la que asistió el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en representación de España, que ha apoyado este proceso “desde su inicio”, tal y como precisó en un comunicado el departamento dirigido por Mayte Sancho.

La resolución está copatrocinada por 68 países, entre ellos España, uno de los 11 países europeos que, según el Imserso, “apoyan especialmente” esta resolución, que ha sido aprobada por consenso.

Con esta iniciativa, se establece la creación de un grupo intergubernamental auspiciado y organizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene como objetivo fijar la primera reunión en otoño para dar comienzo a la redacción de la Convención.

Este grupo promotor está formado por Argentina, Brasil, Eslovenia, Gambia y Filipinas y los 68 países que la copatrocinan, como en el caso de España, muestran con su “apoyo especial” el “compromiso” con este instrumento jurídico.

“Conseguir una Convención que garantice los derechos de las personas mayores es un objetivo largamente perseguido, que se ha debatido en el seno de la ONU durante dos décadas, con 14 años de reuniones en el Open Working Group of Ageing en Nueva York”, abundó el Imserso.

A este respecto, subrayó que fue en mayo de 2024 cuando la ONU, finalmente, aprobó trasladar la cuestión a la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra.

El Imserso, en representación de España y en coordinación con la Subdirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y las Misiones Permanentes de España en Ginebra y Nueva York, ha participado en las reuniones previas en las que se ha recomendado la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para “promover, proteger y asegurar” el “reconocimiento” y la “realización, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos de las personas mayores”.

RESOLUCIÓN

La resolución invita a los Estados, a las organizaciones, organismos, fondos y programas competentes de las Naciones Unidas, a las instituciones nacionales de derechos humanos, a la sociedad civil, especialmente a las personas de edad y a las organizaciones que las representan, a que “contribuyan activa y constructivamente” a la labor del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta.

También exhorta al grupo de trabajo intergubernamental a que “aliente y promueva” la participación y el compromiso de las personas de edad y sus organizaciones representativas de todos los grupos regionales, de manera “inclusiva”, y en particular a que dé a las personas de edad la “oportunidad de expresar sus opiniones” sobre el tema y el contenido del proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante.

Por último, pide al grupo de trabajo intergubernamental que presente un informe sobre los “progresos” realizados al Consejo de Derechos Humanos para que lo examine en su 63º período de sesiones, prevista para finales de 2026, y que publique el informe en un formato accesible y de fácil lectura.