En concreto, el grupo municipal de Más Madrid pidió al juez que llame a declarar al familiar de José Luis Martínez Almeida en calidad de testigo y también a la presidenta de la Universidad americana CIS, María Díaz de la Cebosa, que según dijo ayer Medina en sede judicial fue la persona que le facilitó el contacto con el primo del alcalde.

Por su parte, Podemos también se dirigió al magistrado para pedirle que tome declaración a Carlos Martínez Almeida como imputado. Además, solicitan también la citación como testigos de Díaz de la Cebosa y de los directores de los bancos en los que se ingresaron las comisiones.

La diferencia entre comparecer ante el juez como testigo o como imputado radica en que los testigos no tienen que acudir acompañados de abogado y, además, están obligados a decir la verdad de lo que conocen del caso, mientras que los imputados pueden tener asistencia legal y no están sujetos a la obligación de decir la verdad.

En su declaración de ayer lunes, Medina dijo que fue la presidenta de la citada Universidad la que le facilitó el contacto con el primo del alcalde. "Entonces llamé a Carlos y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser el primo del alcalde, imaginé que me podría dar algún contacto en el Ayuntamiento. Me dio un mail que creo que era de Elena Collado", explicó.

Luceño y Medina están siendo investigados por la venta al Ayuntamiento de Madrid de material sanitario por un valor aproximado de 11 millones de euros de los que 5,5 millones se fueron en comisiones que se repartieron los dos empresarios durante los momentos críticos de la pandemia.

Por otro lado, Luis Medina se ha dirigido al juez para poner a disposición de la justicia la herencia de su abuela paterna con el fin de cubrir la fianza de 900.000 euros que se le impuso, al tiempo que recurrió la imputación por un delito por alzamiento de bienes. Así, el comisionista remite los derechos sobre la herencia de su abuela, que por el momento no ha cobrado porque le fue asignada mediante una sentencia que está recurrida.

El magistrado le dio el pasado viernes un plazo de tres días para que entregara bienes suficientes para cubrir la fianza después de descubrir que sólo tenía en su cuenta 247 euros y de embargarle únicamente un yate matriculado en Gibraltar con un valor de 325.515 euros.